El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció ayer que el Estado suprimirá todas las mancomunidades (1.432 en toda España) y recordadó que las Diputaciones asumirán las competencias de aquellos ayuntamientos que no cumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En la provincia de Cádiz coexisten actualmente cinco mancomunidades de municipios: Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Sierra, Janda y Bajo Guadalquivir. Esta última, que agrupa además de cuatro municipios gaditanos a siete sevillanos, acordó recientemente su disolución, tras una larga agonía económica que conlleva el impago de nueve meses de salario a un grupo de sus trabajadores.

En una rueda de prensa posterior a la presentación del Estudio de la Autorización Ambiental Integrada, Beteta explicó que esta decisión se enmarca en el contexto de reforma de la Administración Local que ha presentado el Gobierno y que quiere pactar con el PSOE y otros partidos políticos.

"Se trata de una racionalización que traerá importantísimos ahorros que se cuantificarán en el momento en el que se termine de cerrar la negociación política", ha señalado Beteta, quien advirtió de que, en el caso de que no haya acuerdo, "se hará de todos modos".

Así, avanzó que las mancomunidades (entidad legalmente constituida por agrupación de municipios) "se suprimirán todas", mientras que las Diputaciones gestionarán las competencias municipales de aquellos ayuntamientos que, al incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no puedan prestar "con eficacia y eficiencia" los servicios públicos.

Beteta señaló, asimismo, que la eliminación de las mancomunidades traerá consigo la supresión de cargos públicos y que, a través de la Ley de Transparencia, "se procederá a una racionalización y homogeneización de los distintos niveles salariales".

También se referió a un informe realizado por el Instituto de Estudios Fiscales "que demuestra que es 20 veces más barato la prestación de un servicio global por parte de una Diputación a los municipios pequeños, que la prestación individualizada de los mismos".

"El Gobierno entiende que no es en absoluto exigible la supresión de municipios, pero sí es exigible que todos los municipios cumplan con la estabilidad presupuestaria, que gasten sólo lo que ingresan", subrayó en secretario de Estado de Administraciones Públicas.

En este sentido, indicó que, "en el largo proceso del pago a proveedores" se ha detectado que unos 3.000 ayuntamientos, de los 8.116 existentes, no han cumplido con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, en consecuencia, "no podrían seguir gestionando sus propios intereses".

"Se trata de redefinir las competencias y establecer claramente cuáles son las competencias propias que tienen los ayuntamientos y la obligación de cumplirlas con los recursos propios", explicó el secretario de Estado.

Una vez que tengan satisfechas estas competencias con sus propios recursos -comentó Beteta- "podrán pasar a negociar competencias que son propias de las comunidades autónomas a través de convenios".

La supresión de las mancomunidades vendría a coincidir en esencia con el convencimiento del presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, el popular José Loaiza, que tres meses después de tomar posesión de su cargo, en octubre del año pasado, se mostró partidario de una regulación estatal de las diputaciones y de estos entes supramunicipales para delimitar sus competencias, de manera que no se dupliquen. "Como miniparlamentos o como maxiayuntamientos, sobran", dijo en Onda Cádiz TV de las mancomunidades, si bien defendió la gestión de servicios como el del Cementerio Mancomunado de Chiclana. En el otro extremo citó el centro de formación de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, "que es una competencia de la Junta".

Loaiza dejó claro que se trataba de un asunto de Estado en el que era necesario adoptar una decisión de carácter general para todo el territorio nacional. Y llegó a decir: "Si nos podemos todos de acuerdo, las mancomunidades, fuera".