Actuaban desde el verano de 2010 con una "especial predilección" por la carretera A-4. Su modus operandi solía ser siempre el mismo: cortar el cableado que abastece de fluido eléctrico a los paneles de señalización de esta vía, para extraer el cobre. El sabotaje estaba servido: al centro de control de tráfico, radicado en Sevilla, ya no llegaba la necesaria información para avisar a los usuarios de la vía de cualquier posible peligro, al quedar las cámaras de seguridad, las estaciones metereológicas y el control del carril reversible del puente José León de Carranza inutilizados.

Los saboteadores eran los nueve miembros de un grupo perfectamente organizado, que ha sido desmantelado en un operativo reciente. De los detalles de la operación, denominada Panel por los sabotajes provocados en la red viaria provincial, dieron cuenta ayer desde la Comandancia de Cádiz. Se tarta de una nueva investigación que ha sido llevada a cabo por el Grupo Cobre de Jerez de la Guardia Civil, que, en este caso, cuenta con una importante novedad: y es que por primera vez los detenidos, además del delito de robo, han sido acusados de delitos de daños contra la propiedad y contra la seguridad del tráfico. Para avalar esta última acusación, incluso desde la Guardia Civil se solicitó a la Dirección General de Tráfico que realizase un informe, dando cuenta de lo s continuos sabotajes sufridos por las carreteras de la provincia debido a los saqueos del cableado atribuidos a este grupo.

Las pesquisas de los agentes del Grupo Cobre de Jerez han permitido esclarecer, y atribuir a esta banda, 44 robos.

Es tal el volumen de metal que llegaron a robar que incluso algunos miembros del grupo, a principios del pasado mes de marzo, montaron su propia chatarrería, llamada Hermanos Galva, en una nave emplazada en el polígono de El Portal, desvelan desde el Cuerpo.

A la organización se les han incautado dos furgonetas que empleaban para los asaltos, y se han recuperado 6.000 kilos de cobre, material que, junto a los daños causados, ha sido valorado en más de 417.000 euros. Tras ser puestos a disposición judicial, todos quedaron en libertad con cargos.