La adaptación del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de 29 localidades gaditanas a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) ha provocado que exista una disponibilidad de suelo para la construcción de 22.109 viviendas de protección oficial en la provincia, según la Junta.

El último municipio que ha logrado una valoración positiva por parte de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha sido Grazalema, que se suma a las 28 localidades que anteriormente también obtuvieron una buena valoración de sus adaptaciones parciales. En el municipio grazalemeño podrán construirse 128 inmuebles protegidos.

Por su parte, siete municipios de la provincia de Cádiz han conseguido adaptarse a la LOUA gracias a la elaboración de un PGOU nuevo. Estos municipios son Alcalá del Valle, Los Barrios, Bornos, Chipiona, Prado del Rey, Trebujena y Jerez. En la actualidad, hay cinco localidades que se encuentran sumidas en el proceso, en concreto en la fase de exposición pública.

Con esta vía de adaptación parcial, que se encuentra recogida en el dectreto 11/2008 de procedimientos para poner suelo urbanizado en el mercado para la construcción de viviendas protegidas, se pretende, según la Junta, "agilizar la adecuación de los planeamientos a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y abrir así una puerta para garantizar la oferta de suelo suficiente en todas las localidades andaluzas".

Al igual que Grazalema, otros cinco municipios de las provincias de Córdoba, Granada y Jaén se han sometido en esta última instancia a la valoración de la Consejería. En conjunto, estas seis localidades han conseguido reservar suelo suficiente para la construcción de 718 viviendas de protección oficial.

En conjunto, la región andaluza dispone, a través de las dos vías mencionadas, de una reserva de suelo con una capacidad para más de 275.000 VPO gracias a la actuación de 415 municipios. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta señala que, hasta la fecha, otros 99 ayuntamientos andaluces "tienen los trabajos de adaptación parcial a la LOUA en diferentes fases de tramitación", lo que significa que la cifra de reserva de suelo para este tipo de viviendas pueda aumentar en los próximos años.

El objetivo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que entró en vigor en 2002, es establecer un marco legislativo dedicado específicamente a las cuestiones urbanísticas y de territorio. Se trata de un plano de actuación cuyas competencias se atribuyen a cada comunidad autónoma, con el objetivo de que cada una de las regiones adapte estas leyes a sus propias necesidades.