LA Cámara de Cuentas de Andalucía ha elaborado un informe que viene a poner en cuestión la fórmula de colaboración público-privada para la realización de obras públicas que se ha practicado en los últimos años en la comunidad autónoma. En concreto, según el órgano fiscalizador de la gestión pública andaluza, la construcción y explotación del Metro de Málaga ha tenido un sobrecoste de 1.391 millones de euros, mientras que en la del Metro de Sevilla se registró una desviación de 1.093 millones sobre el presupuesto inicial. La autovía del Almanzora y la Iznalloz-Darro también han supuesto o van a suponer un gasto que se sitúa más de los cien millones, cada una, por encima de lo presupuestado. Es de resaltar que la financiación mixta es una solución que los gobernantes buscan en épocas de austeridad, ya que los presupuestos públicos se encogen necesariamente hasta ser incapaces de acometer por sí solos determinadas infraestructuras que se consideran necesarias. Permite, por otra parte, ajustarse a las obligaciones de control del déficit, ya que no computan como deuda de la Administración implicada, la Junta de Andalucía en este caso. Sin embargo, la Cámara de Cuentas subraya nítidamente que éste de la no computación para el déficit no debe ser el criterio exclusivo y definitivo, ya que a la larga el coste real para las arcas públicas de estas inversiones (en definitiva, para los contribuyentes) es notablemente superior. Esta argumentación ha sido también utilizada en reiteradas ocasiones por uno de los partidos que gobiernan Andalucía, Izquierda Unida, que presiona a sus socios socialistas para acabar con la fórmula de colaboración público-privada en las grandes obras pendientes en la comunidad autónoma. Lo cierto es que los costes sobrevenidos en realizaciones como las antedichas se han disparado con gran intensidad, en perjuicio del interés público, ya que el endeudamiento real resulta excesivo y obliga a afrontarlo durante muchos años, de modo que son las generaciones venideras las que terminarán pagando la alegría de la generación actual en esta materia. La fórmula de financiación mixta ha de ser, pues, objeto de debate y replanteamiento. Puede ser necesaria o conveniente en algunos casos determinados, pero su realización exigiría, en consonancia con el dictamen de la Cámara de Cuentas, un ajuste más fino y aquilatado de los contratos que se firmen con las empresas privadas, con el control de los costes no previstos contractualmente y una información más detallada y rigurosa al Parlamento -que hasta ahora no existe- acerca de los compromisos y las operaciones a que se obligan las partes en la puesta en marcha de estas infraestructuras necesarias.