Acaba de dar carpetazo, al menos a lo que al proceso administrativo se refiere, a uno de los grandes 'miura' de la actual legislatura, las ordenanzas para el desarrollo del proceso de regularización de viviendas. Satisfecha por el deber cumplido, Cándida Verdier, centro de las críticas vecinales y de los miembros de la oposición durante los últimos meses, defiende que se ha aprobado el mejor documento posible, el más flexible y concensuado y, sobre todo, el necesario para corregir una situación de la que asegura que todos, en una u otra proporción, somos responsables .

-¿Está usted convencida de que se han aprobado las mejores ordenanzas posibles para los vecinos afectados?

-Partiendo de la premisa de que cada uno tiene su visión particular de las cosas, no tengo la menor duda de que el documento aprobado es el mejor posible. Para empezar, porque nos va a permitir, en beneficio de la ciudad y de su futuro, corregir una situación de la que todos (políticos, propietarios, bancos, notarios, etc.) somos corresponsables y segundo porque hemos sacado adelante un documento infinitamente más flexible y ventajoso que el que contempla el procedimiento puro y duro y que el de las anteriores propuestas. Un texto en el que, desde el consenso y el diálogo, se ha introducido la práctica totalidad de las demandas y alegaciones vecinales.

-No obstante, hay quienes no piensan así y hablan de un texto injusto impuesto por la fuerza del que manda.

-En modo alguno. De hecho, desde que se abrió el proceso de alegaciones nos hemos prestado a todo tipo de reuniones y negociaciones con los vecinos y con quienes les representan, propiciando acuerdos que parecían casi imposibles en un principio y que, pese a que fueron sellados con un apretón de manos (en relación a la Plataforma), luego, entiendo que por intereses políticos, no fueron refrendados.

-En base a este desacuerdo con el texto aprobado se ha anunciado ya por parte de la Plataforma que se va a acudir a la vía de lo contencioso para lograr su suspensión cautelear. ¿Le preocupa dicha iniciativa y sus posibles consecuencias?

-De partida, se trata de un derecho que tienen todos los ciudadanos y, por ello, mi mayor respeto. No obstante y pese a estar convencida de que la Justicia entenderá y refrendará la existencia de unas ordenanzas que tienen todos los parabienes de participación, técnicos y legales exigibles y que, lo que no es menos importante, responden al interés general, cabría pensar que, llegado el caso de que se atendiera dicho recurso hasta sus últimas consecuencias, el resultado no sería el mejor para los vecinos. Y es que podríamos pasar de aplicar unas ordenanzas flexibles al procedimiento puro y duro, menos ventajoso.

-¿Qué ventajas recogen estas ordenanzas que la hagan más flexibles respecto a las anteriores propuestas?

-Para empezar, su aplicación se contempla desde marzo de 2009. Además, los vecinos no tendrán que poner ni un euro hasta que, a través del anteproyecto y estudio de cargas que deberemos hacer desde Urbanismo para cada ámbito, conozcan qué coste van a tener las obras. Asimismo, se plantean dos fases en el desarrollo de las obras, una primera para la habilitación de los servicios básicos y la adecuación de los caminos para la entrada de vehículos como los de Protección Civil y otra segunda para las obras complementarias, que tienen un plazo de 6 años. Por otra parte, y quizás la más importante, se fraccionan los pagos y se establece la posibilidad de afrontar los costes de la red de agua vía canon (alrededor de 60 euros al mes). Por último, se establece la posibilidad de acometer el proceso de forma inmediata para aquellos que tengan un proyecto de carácter empresarial y comercial y para aquellos que tienen algún expediente.

-¿Qué plazos se contemplan para el inicio del desarrollo de los primeros ámbitos y para el conjunto de las áreas?

-Creemos que dentro de seis meses tendremos los primeros anterproyectos y estudios de cargas para empezar y, en relación al posterior desarrollo, dependerá de la respuesta de los propietarios que, ahora más que nunca, saben que se trata de un proceso que hay que afrontar y que les reportará importantes beneficios.

-Es obvio que hablamos de un proceso al que, antes o después, se tendrán que acoger todos los propietarios.

-Con esa vocación y obligación se va a desarrollar. No obstante, si se diese el caso de que alguien no se acogiese al mismo, es obvio que la Administración deberá actuar de oficio para que así sea, teniendo, quizás, que regularizar su vivienda mediante el procedimiento puro y duro y, por tanto, menos ventajoso. Pese a ello, creo, sobre todo a raíz de las consecuencias de las pasadas lluvias, que todos los propietarios se van a ir sumando al proceso.

Los costes de este proceso de regularización, según apuntó la delegada municipal de Urbanismo, "están abiertos a futuras reducciones con cargo a nuevas subvenciones o a una posible revisión de los valores catastrales". Asimismo, Cándida Verdier destacó que "continuamos en conversaciones con los bancos para que se ofrezcan prestamos en condiciones ventajosas para las familias con problemas, en favor de las cuales", resaltó, "también vamos a desarrollar unas ordenanzas destinadas a establecer unos mecanismos de ayuda". Cabe recordar que, según los últimos datos apuntados por la Junta de Andalucía, en las Áreas de Gestión Básica se localizan un total de 10.633 viviendas, si bien, en el conjunto de dichas zonas, se prevé la posibilidad de llegar a las 15.000.