A falta de una semana para que finalice el plazo de exposición pública de las Normas Sustantivas (día 19) y, con ello, del periodo establecido para la presentación de alegaciones al documento que regirá el urbanismo local hasta la aprobación del nuevo PGOU; la Plataforma de Vecinos Afectados por el proceso de Regularización reunió a casi un millar de vecinos del extrarradio en una convocatoria en la que expuso la naturaleza de las alegaciones que realizará a dichas Normas e informó de las modificaciones introducidas en la LOUA en relación a los expedientes disciplinarios y a la aplicación del Decreto de la Junta para suelos no urbanizables.

Todo ello, sin olvidar la campaña de devolución del IBI y, tal y como apuntó su coordinador, Joaquín González, en un clima de "incertidumbre" y cierto "nerviosismo" por la importancia de dichos asuntos para el futuro de miles de viviendas del extrarradio y por la información, con tintes alarmistas, que se les está trasladando a muchos vecinos desde algunos sectores.

Por lo que se refiere a las alegaciones a las Normas Sustantivas, su coordinador destacó que "van encaminadas a la reivindicación de la disminución de las parcelas, que tras el Decreto de la Junta sobre viviendas irregulares, en su artículo 18, no computan para los topes de edificabilidad del POTA, así como sobre las condiciones de edificación y el problema de los suelos no urbanizables".

Sobre este particular, los suelos no urbanizables, el portavoz de la Plataforma destacó la necesidad de quitar la etiqueta de protección que en las Normas Sustantivas acompaña a zonas como Los Llanos, "ya que no sería aplicable el Decreto de la Junta". "No entendemos que se mantenga dicha protección en algunas zonas cuando", destacó, "ya no se recoge en el propio Avance del PGOU, en el que, por poner un ejemplo, se cataloga a Los Llanos como de interés urbanístico".

En lo que respecta a las modificaciones introducidas en la LOUA, "le hemos trasladado a los propietarios algo que es de gran importancia, como es el hecho de que, a partir de ahora, el horizonte de caducidad de los expedientes disciplinarios, antes en 4 años, se sitúa en 6". "Del mismo modo", subrayó, "les hemos informado de que se establece el plazo de 1 año para la autorización de contratar con las empresas de suministro (agua y electricidad), independientemente", resaltó, "del posterior proceso de regularización. Una cuestión que es aplicable a la Rana Verde, tal y como es interés de sus vecinos".

Además de otros asuntos relativos a la actualidad en materia urbanística, Joaquín González destacó, en positivo, el cariz que está tomando la campaña que la Plataforma puso en marcha para solicitar la devolución del IBI tras los cambios de catalogación auspiciados por la anulación del PGOU. "La respuesta y la demanda de información por parte de los vecinos de, prácticamente, todo el término municipal ha sido masiva y, de largo, se ha superado ya el millar de demandas elevadas a la Administración local".

Por último, agradeció el apoyo vecinal al colectivo y destacó que, "fruto del trabajo que venimos realizando desde la seriedad y el apartidismo, cada día son más las asociaciones que se suman a la Plataforma".