El desarrollo del Plan Plaza de Sevilla está llegando a un punto en el que difícilmente podrán estar ejecutadas incluso las obras más esenciales de la operación, las que afectan de forma directa a otras operaciones urbanas, como la conexión del segundo puente con el casco antiguo.

La falta de definición sobre qué va a pasar con el edificio de la Aduana dificulta el inicio de los trabajos, aunque desde hace más de un año los técnicos de todas las administraciones implicadas están trabajando en el diseño urbanístico de la zona.

Fuentes de la Delegación Provincial de Cultura reconocieron ayer que "no hay novedad" respecto a su plan de proteger el edificio de la Aduana, aduciendo el valor histórico y artístico del mismo. Ninguna novedad desde que a mediados de enero de este año, hace ya casi dos meses y medio, se decidiese iniciar la tramitación para incluir al inmueble en el catálogo de edificios protegidos en Andalucía, lo que impediría su derribo, tal y como está previsto en el Plan Plaza de Sevilla.

Atendiendo a lo dicho por la Junta, este trámite aún no se ha llevado a cabo por lo que, según afirman tanto el Ayuntamiento como destacados miembros del Colegio de Arquitectos, la Aduana no tiene hoy por hoy protección oficial alguna, por lo que se podría ejecutar su demolición.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento no se han dado pasos en este sentido. Ayer mismo, desde el gobierno local se coincidía con Cultura: "sin novedad" respecto a la Aduana. Aduce el municipio que está en manos de la Junta resolver todo los problemas ocasionados por la decisión de proteger este equipamiento. En todo caso, el Ayuntamiento no ha planteado por el momento, al menos públicamente, un traslado inmediato de las dependencias de la administración de Hacienda con la que se pudiese iniciar la demolición de la finca, operación que en su día autorizó el Ministerio con la condición de que se le localizase un realojo adecuado.

Pero el parón no se limita al edificio de la Aduana. Las obras aún no se han iniciado allí donde su desarrollo no está afectado por la permanencia del inmueble oficial: la zona de jardines a ubicar junto al lienzo de la muralla de las Cuestas de las Calesas y la urbanización de la avenida de Astilleros.

La operación en esta vía es especialmente delicada: allí se construirá un gran aparcamiento subterráneo, con más de un millar de plazas, y una avenida superior con cuatro carriles. Todo debería de estar terminado antes de que entre en funcionamiento el segundo puente de la Bahía, que podría estar abierto a principios de 2011, ya que será el nexo de unión entre el tercer acceso a Cádiz y el casco antiguo. Teniendo en cuenta lo que se está tardando en construir el subterráneo de Canalejas y que según el Ayuntamiento las obras del estacionamiento iban a iniciarse antes de final de 2008, lo que no se cumplió, todo hace temer un calendario extremadamente justo para que pueda estar terminadas a tiempo ya que ambas obras tendrían que ejecutar en menos de dos años.

Esta operación, además, afectará a suelo de la factoría naval y de la Autoridad Portuaria y obligará también a desviar la vía del ferrocarril que hoy atraviesa la plaza de Sevilla camino del muelle y que, en su momento, pasará por dentro del astillero con rumbo al nuevo puerto de contenedores.

Una tercera pata del proyecto incluye la construcción de varios bloques para oficinas y locales de comerciales y en cuyos bajos irá la estación de autobuses interurbanos que va a financiar la Consejería de Obras Públicas. Estos equipamientos, que tampoco se verían afectados en su ejecución inmediata por el mantenimiento de la Aduana, se ubicarán en la pastilla de la avenida de Astilleros más cercana al complejo ferroviario. A pesar de todo, no hay fecha para el inicio de estos trabajos por cuanto aún no se cuenta ni con proyectos de ejecución, al igual que la estación de servicios prevista en la rotonda que conecta con la avenida de las Cortes.

Buena parte de estas obras deben ser ejecutadas y financiadas por Adif. Sin embargo, a la empresa pública de transportes no le salen las cuentas una vez se eliminaron las viviendas de renta libre con cuya venta se iba a financiar esta operación a la vez que se considera que mantener la Aduana rompe el acceso lógico al complejo comercial de la estación.