La buena vida que durante varios años llevó el funcionario del Ayuntamiento gaditano que no se personaba siquiera en su puesto de trabajo le ha pasado factura al final de su vida laboral. El bautizado como funcionario fantasma cuya historia dio la vuelta al mundo hace unos meses, a raíz de una información publicada en este periódico, ha tenido que devolver al Ayuntamiento casi 27.000 euros en concepto de las nóminas que percibió cuando no acudía a trabajar.

La rocambolesca historia se inicia allá por el año 1998, cuando el Ayuntamiento y la empresa municipal Aguas de Cádiz firmaron un convenio por el que un trabajador municipal pasaría a prestar servicios a la empresa suministradora de agua. En principio, dicho convenio se suscribió por un período de dos años, aunque fue alargándose en el tiempo posteriormente.

Según contaba el entonces responsable de Personal en el Ayuntamiento, José Blas Fernández, este empleado municipal -que en 2005 pasaría a ser funcionario de carrera- se habilitó su propio despacho acristalado en la sede de Aguas de Cádiz, a pesar de lo cual no se presentaba diariamente en su puesto. De hecho, el informe que el servicio de Personal redactó cuando en el año 2010 se percataron del paradero desconocido de este trabajador detalla que desde el convenio firmado en 1998 hasta ese año 2010 el funcionario "no había prestado servicios efectivos en el Ayuntamiento", ampliando el informe que "al menos desde 2004 el funcionario dejó de asistir al trabajo en Aguas de Cádiz".

El autor de los hechos ya fue expedientado por el Ayuntamiento en el año 2010, acordándose entonces por falta muy grave la suspensión de empleo y sueldo, que quedó paralizada en abril de 2011 al acogerse el funcionario a una jubilación adelantada. En ese período ya dejó de recibir este empleado municipal un total de 1.294,37 euros.

A ellos se han sumado ahora otros 26.920,93 euros, correspondientes a las nóminas que recibió este funcionario fantasma pese a no acudir a su trabajo entre el 28 de marzo de 2007 y el 28 de marzo de 2010, que son las fechas a las que el Ayuntamiento pudo circunscribir esta extraña situación a pesar de las sospechas de que la ausencia al puesto de trabajo se remontaba al año 2004.

En el mes de enero publicó el juzgado Contencioso-Administrativo la sentencia que ratificaba el decreto de Alcaldía que se firmó contra este funcionario con fecha 27 de junio del año 2013 (aún en tiempos de Teófila Martínez), rechazando así el recurso que se presentó contra el mencionado decreto y confirmando la cantidad económica a devolver por el funcionario.

El último recurso que anunció entonces la defensa de este empleado municipal fue solicitar la mediación del nuevo alcalde y pedir la revisión del caso, alegando que se trataba de mobbing laboral por una diferencia de opiniones con el anterior teniente de alcalde de Personal (José Blas Fernández). En su defensa, el funcionario alegaba que fue en el año 2005 cuando logró la plaza en el Ayuntamiento, lo cual es señal de que estaba desarrollando debidamente su trabajo (pese a que desde Personal se sospechaba que ya en 2004 comenzó a faltar a su puesto).

Finalmente, el servicio de Personal del Ayuntamiento notificó en marzo al afectado el proceso de recaudación para hacer cumplir la resolución judicial. Y según ha podido saber ahora este periódico, fue el pasado 1 de abril cuando el funcionario fantasma ingresó en la Tesorería Municipal los 26.920,93 euros, que pone fin a esta rocambolesca historia que estuvo a punto de contar también con un reconocimiento a los años de trabajo en uno de los actos que el Ayuntamiento organiza en honor de los funcionarios que cumplen una serie de años en la nómina municipal.