Los hijos son los que sufren los daños colaterales provocados por la ruptura de un matrimonio. Jueces, fiscales y abogados tienen el deber de gestionar un momento tan complicado para una familia. Con el cambio de roles en la pareja, la figura de la custodia compartida se ha ido abriendo como una medida cada vez más utilizada en interés del menor. Sin embargo, la multitud de casos que existen hace que sea muy complicada su regulación.

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) y el Colegio de Abogados de Cádiz organizaron ayer en el Parador Hotel Atlántico las III Jornadas de Derecho de Familia, en las que participaron unos 300 profesionales . En ellas, sobresalió una mesa redonda en la que se expusieron los criterios que se siguen para la concesión de la custodia compartida.

Un debate en el que participaron la fiscal coordinadora del Servicio de Violencia Familiar de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorena Montero, la magistrada-jueza del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cádiz, Ana María López; el magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cádiz, Pablo Sánchez; y la vicepresidenta de la AEAFA, Gabriela Domingo.

Ante todo, tal como se vio en la mesa redonda, el interés del menor es lo que debe prevalecer a la hora de dictar una sentencia, teniéndose en cuenta que también entra en juego el lado emocional y sus consecuencias futuras.

En primer lugar, la fiscal coordinadora del Servicio de Violencia Familiar de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorena Montero, mostró los problemas que tienen para realizar un informe respecto al reparto de los hijos, debido a que "en el poco tiempo que tenemos no podemos conocer la realidad" que hay en un divorcio.

Montero señaló, en referencia a la custodia compartida, que no está reglamentada. Además, apuntó que cuando se habla del reparto de los hijos se tratan "como paquetes" para "conseguir pensiones o la atribución de la vivienda". Con todo, calificó la labor judicial como "mágica", ya que "en poco tiempo y con pocas pruebas tenemos que regular la vida del futuro".

Seguidamente, la magistrada-juez Ana María López trató el asunto de las pensiones y los gastos de los menores. Así, a partir de su experiencia, indicó se dan pensiones para asegurar un mínimo de alimentación de 150 euros, pero que "se está bajando por la situación de la crisis. A veces, se conceden pensiones de 100 euros". Aun así, resaltó que para la definición de quién tiene que correr con los gastos de los hijos "no hay una norma legal para todos los casos", con posibilidades como el reparto proporcional de los gastos o crear un fondo común, entre otras.

Por su parte, el magistrado-juez Pablo Sánchez desarrolló la situación de la atribución de la viviendas tras un divorcio, teniendo en cuenta el derecho del menor a la garantía habitacional sin tener que estar ligada a esta vivienda familiar. Así, se pueden tener en cuenta criterios como los ingresos de los progenitores, la posibilidad del uso de otra vivienda o la posibilidad de su venta.

Por último, la vicepresidenta de la AEAFA, Gabriela Delgado, dejó muy clara su postura sobre la acción a desarrollar por los abogados: "Nuestra labor es pacificar a las familias va más allá de darle el gusto al cliente cuando lo que se va a hacer es sufrir al niño".