El enfrentamiento en lugar del diálogo. Esa es la imagen que están dando las dos grandes administraciones implicadas de forma más directa con el problema de la vivienda en Cádiz, la Junta y el Ayuntamiento, para sorpresa del conjunto de la comunidad.

Colectivos ciudadanos consultados por este diario no logran encontrar una respuesta lógica a esta disputa "cuando estamos hablando del principal problema que tiene hoy Cádiz". Frente a ello, reclaman y exigen que los representantes de las dos administraciones públicas "se sienten juntos y hablen. Es imprescindible este encuentro y la búsqueda de un acuerdo común de cara a solucionar este problema, que se está enquistando de una forma absurda". Que en esta reunión, se llame mesa o pacto institucional, no estén estas asociaciones ciudadanas resulta secundario para ellas mismas. "Es secundario, porque la posibilidad de solución están en manos de la Junta y el Ayuntamiento", asume Rafael Lara, presidente de la Asociación de Derechos Humanos, una de las organizaciones más activas en la defensa de una vivienda digna.

Se considera esencial la creación de "un instrumento, se llame como se llame, que nos permita una gestión más eficaz". Este ente asumiría la elaboración de un documento que se considera esencial, y que también se reclama desde la Oficina del Defensor del Pueblo: un mapa actualizado de la vivienda en Cádiz, teniendo en cuenta que el último data ya de hace unos años.

Algunas asociaciones de vecinos del casco antiguo sí están trabajando en esta idea, aunque con grandes dificultades para localizar en muchos casos a los propietarios de fincas que están vacías en el casco antiguo, que superan ampliamente el centenar (incluyendo aquí también a las de titularidad pública).

Lara considera que este mapa será esencial para la posterior redacción de un plan municipal sobre la vivienda, consensuado por todas las entidades afectadas y en el que se incluirían las necesidades más urgentes, los proyectos a ejecutar y, sobre todo, la capacidad de financiación por con fondos públicos, especialmente tras el parón que sufre la construcción en Cádiz. En este sentido, el dirigente de Derechos Humanos lamentó que la Junta aún no haya aprobado su propio Plan de Vivienda, que incide en el desarrollo de las políticas en este campo en toda la región.

Pero tanto el mapa como el plan son opciones a medio plazo, pues necesitan un tiempo de ejecución amplio. Y la vivienda es un problema que en Cádiz necesita acciones más urgentes .

En este sentido, los colectivos ciudadanos reclaman un acuerdo de ejecución inmediata.

"Hacen falta recursos. Y ya. Para actuar contra los casos más sangrantes relacionados con la infravivienda que aún persiste en el casco antiguo (y que Derechos Humanos ya ha denunciado incluso con la presencia del Defensor del Pueblo andaluz), los desahucios que se producen en la ciudad y los cortes que se producen en los servicios del agua y la luz por el impago de los recibos (aunque se reconoce que no se disponen de datos concretos sobre esta última incidencia)", se constata.

Eso sí, plantean medidas "con las que los ciudadanos no pierdan la dignidad. No deben ser medidas meramente asistenciales, con la que sólo se parchea. Hay que adoptar decisiones serias pues estamos hablando de un derecho ciudadano, que es el de una vivienda digna. Estamos hablando de los Derechos Humanos y no se dan cuenta". En este sentido, consideró que la alcaldesa, Teófila Martínez, "tiene razón cuando denuncia el Decreto de Inclusión" de la Junta de Andalucía y reconoce el esfuerzo económico que se realiza desde el Ayuntamiento en ayudas, aunque pide que no tenga un carácter meramente asistencial.