El Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz ya ha decidido que Juan Carlos Prieto, más conocido como Karlos Puest, se enfrente a un proceso penal por un delito de injurias a raíz de la publicación en su canal de Youtube Cádiz protesta ya de una serie de vídeos donde descalifica a miembros de la Policía Local.

Lo que en un principio iba a ser simplemente un juicio de faltas -tal y como solicitó fiscalía- ha sido tipificado como un delito, de manera que el juez ha dado cumplimiento así a la petición de la acusación particular, esto es, el sindicato de la Policía Local.

"Karlos Puest sigue a la carga con nuevos vídeos y más insultos, lo que demuestra su actitud desafiante", argumenta Francisco Ramas, representante de dicho sindicato, quien se muestra más que satisfecho con el giro que ha dado el caso. "Una cosa es criticar y otra bien distinta lo que hace este hombre".

Cabe recordar que este proceso se originó a partir de la denuncia individual de un agente local que, al parecer, sancionó a Prieto cuando éste circulaba en bicicleta por la avenida Fernández Ladreda. Fue entonces cuando Karlos Puest subió un vídeo más a Youtube -con su ya característica edición- calificando a los policías de "calimeros" o "perros recaudadores del Estado". Asimismo, Prieto aseguraba que el agente se había inventado el importe de la multa.

A partir de la publicación de ese vídeo, se sumó a la primera denuncia interpuesta el intendente mayor y el intendente de la Policía Local . Una vez abierto el procedimiento se unió a la causa el sindicato de este cuerpo municipal de seguridad.

Se da la circunstancia también de que ésta es la segunda causa penal que tiene pendiente Juan Carlos Prieto motivada por estos controvertidos montajes que, no obstante, son visionados por más de 10.000 personas. El gaditano ha sido acusado -otra vez- como autor de un delito de injurias por José Blas Fernández, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz. Este caso es anterior, interponiendo la denuncia el edil a principios del mes de agosto. Tras varios meses de instrucción judicial, el juez también ha resuelto que este procedimiento debe resolverse por la vía penal.