Las pantallas LED que puso el Ayuntamiento de Cádiz ya llevan dos años funcionando. Los 25 paneles que se encuentran repartidos por toda la ciudad se han convertido en parte del paisaje de la ciudad, a pesar de las fuertes críticas que ha recibido este proyecto desde que se instalara.

Desde el equipo de Gobierno se planteó como la apertura a la modernidad, como una iniciativa pionera en el país que era "un negocio redondo" y que permitiría tener unas prestaciones que hasta el momento no se han cumplido.

Las pantallas han tenido hasta ahora una función más informativa/propagandista de la labor que realiza el equipo de Gobierno de la ciudad que cualquier otra cosa. Cuando se anunció su instalación desde el equipo de Gobierno se llegó a decir que incluso se podían utilizar para retransmitir algunos eventos en directo, como los celebrados en el Bicentenario durante el año 2012, pero nada se supo de aquello.

Las pantallas LED nacieron con algunas dudas desde su inicio que se manifestó ya en la adjudicación definitiva de la explotación de estos dispositivos. Así Cádiz Conecta, la sociedad municipal que se encarga de la nuevas tecnologías en el Ayuntamiento de Cádiz, anunció la licitación para la contratación mediante procedimiento abierto del contrato de suministro de pantallas digitales y la utilización conjunta de las mismas por Cádiz Conecta y el adjudicatario.

En el pliego se pone un precio máximo de licitación de 180.000 euros para una pantalla grande más el IVA; 97.800 para las medianas y 39.600 euros más el IVA para las pequeñas. En este caso en el pliego se decía que si Cádiz Conecta llegara a adquirir todas las pantallas se abonarían 3.074.400 euros, la misma cifra que recibiría en concepto de canon por parte de la adjudicataria durante los diez años de vigencia del concurso. Esto cumplía lo que el Ayuntamiento de Cádiz siempre vendía y es que las pantallas no iban a costar un euro a los gaditanos.

Sin embargo, en el transcurso del concurso se produce una circunstancia curiosa que ha alertado a la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz y a algunos movimientos ciudadanos.

El 27 de enero de 2010 acaba el plazo de recepción de ofertas para este concurso y sólo se presenta una empresa, cuyo sobre se abre el 2 de febrero de 2010 por la mesa de contratación.

La única oferta presentada fue la de Odeco Electrónica y así la mesa acordó elevar al consejo de administración la propuesta de adjudicación a favor de la misma el 17 de marzo de 2010.

Sin embargo, en la adjudicación definitiva no aparece Odeco Electrónica sino Imago Light Motion, que no es una empresa sino una marca de la propia Odeco Electrónica.

Entre medias se produce el 30 de marzo un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca que es el que instruye el caso de presunta corrupción del Palma Arena. Ahí se habla de un concurso para un videomarcador en el que se presentan dos ofertas exactamente iguales en el que curiosamente la que gana es filial de la otra que concursa y pierde, que es Odeco Electrónica, con la que comparte órganos de gobierno. En el mismo auto incluso se dice que el director de Odeco Electrónica es cuñado del administrador de Nimbus Publicidad, gestor de la campaña de publicidad del Partido Popular en las pasadas elecciones.

Lo cierto es que lo que se vende a los medios de comunicación es que Imago es la empresa que va a explotar las pantallas LED.

Desde la oposición siempre se han quejado de la falta de transparencia en todo este proceso, que aumenta además con que el consejo de administración de Cádiz Conecta es el único de todas la sociedades municipales que no tiene representantes del PSOE e IU.

El acuerdo implicaba que Odeco tenía que suministrar las pantallas, instalarlas y encargarse de su explotación, es decir, de buscar todos los contenidos para llenar el 85% del que va a disponer en la jornada.

El Ayuntamiento, por su parte, era el que adquiría las pantallas a la propia Odeco mediante una operación de leasing firmada con una entidad bancaria por 1,5 millones de euros. Este dinero se recuperaría en teoría con el canon que tenía que pagar Odeco a Cádiz Conecta por la explotación de los espacios publicitarios, cifrado en unos 174.000 euros anuales.

Además, el ayuntamiento también se encargaba de pagar el suministro eléctrico. En una respuesta que dio el equipo de Gobierno a una pregunta de la oposición el pasado 29 de abril de 2013, se dijo que el último recibo eléctrico había sido de 6.465 euros.

Sin embargo, las reglas del juego rápidamente cambiaron. Las pantallas empezaron a funcionar a finales del año 2011 pero Odeco Electrónica entró en proceso de liquidación, según aparece en el Registro mercantil en fecha 19 de julio de 2012. Hasta el 30 de noviembre de ese año siguió facturando para Cádiz Conecta.

Eso sí, desde el inicio se vio claro que no se cumplía lo del 85% de explotación privada y el 15% municipal. El sistema que se implanta es muy parecido al que hay hoy en día y se añade que la principal clientela de las pantallas son instituciones o empresas públicas, como Zona Franca y Eléctrica de Cádiz, y muy pocas privadas, entre ellas El Corte Inglés.

Con la entrada en quiebra de la sociedad Odeco, Cádiz Conecta decide rescatar el servicio y lo explota ella misma, aunque no se ha visto ningún cambio desde el inicio. El Ayuntamiento apenas da información sobre ello, salvo que la anterior concesionaria ha devuelto parte de sus ingresos.

Y mientras que se produce un plan de ajuste importante en todas las delegaciones, la sociedad que explota las pantallas parece que está ajena a ello porque siguen aumentando las partidas. En poco más de un mes ha habido transferencias a su favor por valor de 336.000 euros.