Mucho antes de que la crisis llamara a la puerta, Cádiz residía bajo el problema de la vivienda. La falta de suelo por la propia geografía de la ciudad y sus precios prohibitivos han marcado desde hace décadas el éxodo de los gaditanos hacia municipios cercanos. Ahora, en plena caída de la economía, cuando casi nadie compra, el alquiler impera a un alto coste y más de 4.800 gaditanos están inscritos en el Registro de Vivienda Protegida, se antoja difícil pasar de largo sin levantar la mirada hacia las fincas vacías en pleno centro de la ciudad. Un elevado número de viviendas centenarias despojadas de vida, completamente desaprovechadas, algunas abandonadas, casi en estado de ruina. Otras, esplendorosas y misteriosamente cerradas. Pero todas, deshabitadas.

Diario de Cádiz ha recorrido cada calle del centro y ha contabilizado 102 fincas vacías, aparte de 32 solares. La mayoría están clausuradas, con candado incluido; otras incluso tapiadas. Y aunque algunos vacíos no son tan evidentes a simple vista, los contadores de la luz inhabilitados o las confirmaciones de los propios vecinos de la calle, dan buena cuenta del cierre definitivo.

Más de 100 fincas que supone unos 80.000 metros cuadrados, tras cotejar la media en número de metros que constan en el catastro. O lo que es lo mismo, unas 1.000 viviendas de unos 80 metros cuadrados cada una. Según el Ayuntamiento esta cifra alcanzaría las 3.500 viviendas desocupadas en la totalidad del parque residencial gaditano.

De este informe también se desprende la certificación de más de una veintena de fincas con apenas uno o dos vecinos, cifra que probablemente se multiplique tras las fachadas aparentes de muchos edificios donde apenas quedan la mitad de sus posibles habitantes. Hay que decir que el estado deplorable de muchos de estos edificios abandonados, de fachadas desaliñadas y cristales rotos, impide constatar cien por cien la existencia de algún vecino en sus laberínticas zonas interiores, donde la vida parece lejana en el tiempo, casi imposible en la actualidad.

Desde este escáner de la vivienda vacía en Cádiz se perciben barrios especialmente castigados. La Viña, Santa María, San Juan o El Mentidero encabezan este listado, con diecinueve, diecinueve, doce y once fincas vacías en cada uno, aparte de los cinco, tres, once y ocho solares, respectivamente, que salpican sus calles, dejando un panorama desolador en muchos tramos. Alentador, eso sí, a la hora de encontrar suelo donde construir en Cádiz. Por el resto de calles del centro se reparten hasta 35 edificios deshabitados. Y esto sin entrar de lleno en el terreno de la infravivienda ni en el de edificios públicos desprovistos de actividad, entre los que se ha contabilizado alrededor de una docena sólo perteneciente a la Junta de Andalucía. Faltan datos de edificios municipales.

Son cifras aproximadas, a veces escurridizas, que invitan a la reflexión. A la capacidad de reacción ante el derecho constitucional de todo español de acceder a una vivienda. Pero el terreno es farragoso y complicado. Donde el término propiedad privada entra en disputa con el momento económico que vivimos, de cara al intervencionismo administrativo, entre cuyas funciones también figura garantizar esta necesidad de primer orden. La vivienda. La puerta de este centenar de fincas permanece cerrada, pero existen llaves que la abren.

Hay varios colectivos gaditanos implicados en la búsqueda de soluciones para la problemática de la vivienda. Entre ellos despunta la Asociación de Vecinos de Cádiz Centro, que lleva tiempo trabajando en su propio censo de fincas vacías, que todavía hoy siguen actualizando.

Según su presidente, Francisco Gómez, hay dos tipos de viviendas vacías. Las que sus propietarios no tienen medios económicos para mantenerlas, "para lo que pedimos la implicación de las administraciones", y las que están cerradas a conciencia, "pertenecientes a los auténticos especuladores, contra los que se tienen que actuar", afirma. "En su día -añade- hubo bastante rehabilitación, pero hace ya unos años que no se hace casi nada. Está todo paralizado".

El presidente de la Asociación de Vecinos Cádiz Centro señala que en la actualidad existen requerimientos por cuestiones de seguridad y ornato, "pero finalmente terminan en nada, nunca llevan a ningún sitio e incluso muchas veces se eliminan estas infracciones cuando inician algunas obras", comenta.

Por todo esto Francisco Gómez estima que es "fundamental concienciarse, hay que llenar estas viviendas vacías, pues al fin y al cabo revierte positivamente en todos. El barrio se llenaría de más gente que iría a comprar a la frutería, carnicería, que pagarían sus impuestos, la luz, el agua, etc", asevera.

También demanda mayor implicación de las administraciones el movimiento 15-M, que ha creado una comisión de Vivienda que representa Lorenzo Jiménez. Abogan por la promoción del uso social de la vivienda por los poderes púbicos. "Nos han querido hacer ver que el problema de la vivienda derivaba de la falta de suelo, pero se trata de un problema de uso de las propiedades existentes", asegura Lorenzo Jiménez, a la par que critica el trasvase de recursos públicos a manos privadas que se fomentó en Cádiz con el Programa de Rehabilitación de Vivienda. Entre las medidas que plantean se encuentra publicitar mediante cartelería un listado de fincas vacías, muchas de ellas en manos privadas; la penalización de un uso no social de viviendas existentes; incremento del IBI de viviendas desocupadas; expropiación de inmuebles de carácter social inutilizados, de cara a la creación de un verdadero parque de viviendas. Llaman la atención sobre la falta de cumplimiento de los deberes de conservación de las viviendas y solares por parte de las entidades bancarias, ante lo que entienden que "no cabe la más mínima consideración, de modo que el Ayuntamiento debe actuar decididamente".

En una ciudad como Cádiz, puntualizan, "sólo puede resultar comprensible el desaprovechamiento de espacios como el Tiempo Libre, el Colegio Mayor Beato Diego, Tabacalera... desde la perspectiva de especular".

La situación de la vivienda vacía en Cádiz está servida. Las herramientas disponibles para actuar, las que marcan la ley. Sugerencias y propuestas, sobran. Pero de nada sirve si las políticas en materia de vivienda vuelven a desactivarse bajo el manto de la crisis. La Oficina del Casco Histórico de la Junta de Andalucía, creada en 1999, puso en pie un ambicioso programa que favorecía la devolución de este tipo de viviendas al mercado, fundamentalmente encaminadas a acabar con la infravivienda, asumiendo así las competencias en esta materia. El Ayuntamiento de Cádiz, por su parte, creó en 1997 el Plan Municipal de Transformación de la Infravivienda, pero a raíz del decreto de 1999 de la Junta, su actividad quedó mermada. Si bien, han colaborado en actuaciones puntuales.

Con el tiempo los programas se han vuelto más inactivos, se han ido apagando poco a poco, casi sin hacer ruido, dejando un duro panorama ante todos.

En el caso de fincas vacías, cerradas a cal y canto, cuyos propietarios dejan pasar el tiempo sin velar si quiera por su mantenimiento, únicamente se actúa con requerimientos de obras de seguridad y ornato. El Ayuntamiento de Cádiz como órgano competente en esta materia opta por la expropiación cuando se incumple de forma reiterada.

Así, ha emprendido este camino de mano de la Junta de cara a su rehabilitación. También ha expropiado en solitario para rehabilitar y ha promovido políticas de acceso a la vivienda con programas de alquiler con opción a compra. Se alcanzaron acuerdos con propietarios, a los que se pagaban el justiprecio para el mismo fin. Pero poco de esto queda en la actualidad.

Ante la posibilidad de recargar hasta un 50 por ciento el tributo del IBI de las viviendas vacías, tal y como marca la Ley de Haciendas Locales con la pertinente reforma de ordenanza fiscal municipal, el Ayuntamiento de Cádiz ha manifestado la imposibilidad de actuar ante la falta de desarrollo en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de lo que es una vivienda vacía. Aunque en el Plan General se incluye el objetivo de alquilar viviendas vacías.

Sin embargo, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) permite la expropiación forzosa en casos de incumplimiento de la función social de la propiedad, dado unos determinados supuestos como el incumplimiento de los deberes legalmente exigibles de conservación y rehabilitación de los inmuebles.

En las últimas elecciones municipales, el partido socialista proponía un plan consistente en la creación de una Oficina Municipal de Vivienda para informar y asesorar de cara a la rehabilitación y salida al mercado con ayudas públicas. Si no hay acuerdo, se podría adquirir fincas a través del derecho de tanteo (que permite la LOUA) para convertir en VPO, bien de forma directa o a través de la figura de adquisición pública por parte de la iniciativa privada para su venta o alquiler subvencionado.

También suma a esta lista la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI con un 50 por ciento sobre viviendas vacías, que secundan otras formaciones políticas locales como Izquierda Unida.

Iniciativas que hoy se miden con la dura realidad económica, que da paso al abandono paulatino de las políticas en la materia. Pero es cuestión de priorizar gastos. De marcar el límite entre nuestros derechos y deberes. Cuestión de habitarlos.