La comunidad de vecinos del número 25 de la calle García Carrera tenía un pufo en las cuentas: había vecinos, inquilinos de la Junta, que no pagaban desde hacía años. Acabaron recurriendo un abogado, Ángel Rovira, que inició un procedimiento judicial contra la propiedad, la Consejería de Obras Públicas y Transportes, para reclamarle 606 euros de deuda correspondiente a impagos de los años 2004 y 2005.

Ni siquiera se llegó a juicio porque la Junta no respondió a los requerimientos legales, como se refleja en un auto de julio de 2006. Posteriormente, y como de nuevo hubo la callada por respuesta, la comunidad de vecinos emprendió un procedimiento para proceder al cobro.

El Juzgado de Primera Instancia número tres ha accedido a la petición de embargo "por la cantidad de 606 euros, que desde hoy devengará el interés legal elevado en dos puntos o el pactado entre las partes, y otros 290, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para intereses y costas".

El juzgado considera embargados un local y los saldos existentes a nombre de la consejería en dos entidades bancarias diferentes.

Según confirma el abogado, con las cuentas bancarias se ha conseguido el cobro del dinero que se debía por cuotas a la comunidad de esos años. Ahora, los vecinos de este mismo bloque repetirán el proceso para conseguir el cobro de la deuda correspondiente a los siguientes años.

Ángel Rovira explica que la situación no es privativa de este edificio de la calle García Carrera, sino que afecta a más bloques, y que posiblemente este embargo anime a más comunidades de vecinos con las que mantiene impagos con la administración andaluza que dificultan el mantenimiento diario de los inmuebles a que inicien procedimientos del mismo tipo.