El Ayuntamiento ya tiene prácticamente elaborado el plan de ajuste al que le obliga el Gobierno central en las medidas que se aprobaron recientemente para el pago de la deuda a proveedores. Concretamente el de la capital gaditana va a recibir 71 millones de euros, dinero que tendrá que devolver en diez años, siendo los dos primeros de carencia, es decir, que no tiene que amortizar cantidad alguna.

El plan de ajuste contiene una serie de compromisos de carácter general y otras medidas concretas que están cuantificadas en una proyección a diez años poniéndose en el peor escenario económico posible. En este sentido, el plan se puede flexibilizar si el entorno económico y la propia situación municipal va mejorando.

Según las cuentas locales, para este año 2012 se ha cuantificado el ahorro en 10 millones de euros, que subirá a los 18 en 2013, 20 en 2014 y ya 22 millones de media en el período entre 2015 y 2022.

Este plan va a estar terminado en la mañana de hoy, tendrá el visto bueno del interventor municipal y por la tarde se va a informar a los grupos políticos municipales que tienen a su disposición toda la documentación del plan de ajuste para que la consulten ya que se va a incluir en el pleno ordinario de mañana como un punto de urgencia. El motivo es que antes del día 30 el plan tiene que ser aprobado por la corporación municipal para que al día siguiente se envíe a Madrid para que le dé el visto bueno definitivo.

Ese compromiso de ahorro se va a hacer bajo una premisa que la alcaldesa, Teófila Martínez, ha dejado clara: las políticas sociales están blindadas. Y bajo ese paraguas se incluye no sólo el que no se vayan a reducir las partidas económicas sino que tampoco se va a cobrar por ninguno de estos servicios.

El ajuste medio en las áreas municipales va a estar situado entre un 15 y un 20%, sin que afecte a los denominados gastos no esenciales. Esto va a significar un retroceso a un presupuesto de hace unos cinco años. Con ello se ahorrarán unos tres millones de euros.

Se proyecta también en estos diez años una actualización de las tasas y precios públicos que no se consideran esenciales para los ciudadanos. Así, irán subiendo sus precios con el objetivo de que se puedan autofinanciar, principalmente en áreas como deporte y cultura.

Los impuestos, después de cuatro años en los que ha habido un incremento cero, el Ayuntamiento va a tomar la norma general de subirle el IPC de cada año.

Dentro de las medidas denominadas de carácter general, aparte de las ya nombradas, el equipo de Gobierno ha enumerado una batería de puntos. Entre ellos está el mantenimiento y refuerzo de la comisión municipal de gastos y la creación de otra de control y seguimiento de los ingresos.

El equipo de Gobierno va a destinar todos los ingresos de capital o extraordinarios que tenga a la amortización anticipada de préstamos, salvo que sean finalistas. El remanente líquido de tesorería positivo que pueda generarse como consecuencia de este plan irá a la cancelación anticipada de endeudamiento financiero.

Se va a controlar mucho el tema de los contratos. Por ejemplo, ni en los pliegos de condiciones administrativas ni en sus cláusulas de revisión de precios tendrá valor preponderante los incrementos de coste de personal de las empresas.

Este plan de ajuste se ha hecho pensando el citado "peor escenario posible" con el objetivo de que el Estado se asegure de que el dinero que se va a poner en manos de los ayuntamientos para el pago a los proveedores se devuelva.

Desde el equipo de Gobierno se considera que es difícil que la crisis continúe durante 10 años, estimándose que la recuperación pueda empezar a llegar en dos años, por lo que podría aumentar los ingresos procedentes de la Participación en los Ingresos del Estado, lo que reducirá las exigencias del plan.

Otro de los objetivos que se marcan los populares en el Ayuntamiento de Cádiz es el de amortizar de forma anticipada la mayoría de los préstamos que tiene con la venta de patrimonio.

Entre las medidas concretas está por ejemplo el ahorro de 1,5 millones de euros que se gastaban en intereses de demora por el retraso en los pagos; un programa de reducción energética que hará que se disponga de otros 300.000 euros; y la reducción de alquileres de naves y oficinas, que pueden dar unos 100.000 euros.