Del listado de 60 fincas con infravivivendas en el casco histórico detectadas por la Oficina de Rehabilitación de la Junta en un reciente estudio, hay siete casos que se han convertido en los más preocupantes, porque ya se ha contactado con los dueños y éstos han respondido que no van a rehabilitar: ni con subvenciones públicas, ni por su cuenta.

Todas son viejas conocidas en la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, aunque tres de ellas cumplieron puntualmente los requerimientos -de ornato y de seguridad- municipales y, aunque no se acabó con la situación de infravivienda, no se puede hacer mucho más porque el Ayuntamiento no tiene competencias para exigir formalmente que se den condiciones de habitabilidad. Un impedimento que ya le hizo perder en su día dos procesos judiciales ante la propiedad de sendas fincas en San Rafael y Mirador y que provocó que pidiera a la Junta que implantara la cédula de habitabilidad.

De hecho, en el pleno municipal celebrado el viernes, la alcaldesa, Teófila Martínez, insistía en que esa herramienta permitiría acabar con la infravivienda por lo que volvió a reclamar un decreto que la instaurase; distinto punto de vista mantuvieron los socialistas que creen que el Ayuntamiento sí tiene suficientes herramientas pero no las emplea, en referencia a la ejecución subsidiaria.

Pese a que hace más de una década de aquellas sentencias, sólo una de las fincas se ha rehabilitado: el Ayuntamiento consiguió expropiarla, por motivos de seguridad, y la cedió a la Junta. Ya está arreglada y habitada. También está habitada la de San Rafael, aunque no se ha rehabilitado a día de hoy; hace cinco años fracasó un intento de la Junta de llegar a un acuerdo en este sentido.

Cuatro fincas de la lista de siete que de momento no se van a rehabilitar tienen expedientes abiertos en Urbanismo, y en uno de los casos, su mal estado ha obligado a desalojar a una familia. Es el número 31 de la calle Obispo Urquinaona, que empezó con un expediente de ornato, que se cerró en 2001 porque se ejecutaron las obras, y después acabó incumpliendo la orden de obras de seguridad derivada de la Inspección Técnica de Edificios (ITE). La vecina del tercer piso fue desalojada por el mal estado del techo y se ha requerido al dueño para que ejecute esas obras de forma urgente.

Al número 8 de Montañés, especifica Urbanismo, no le pesan requerimientos de ornato, pero sí tiene abierta una primera petición de obras de seguridad derivada de la ITE.

General Luque, 8 tiene abiertos dos expedientes de seguridad por el estado del local situado en la planta baja. Del primero ya venció el plazo y el segundo cumple este mes de mayo; si no hacen las obras -advierte el Ayuntamiento- se impondrán multas coercitivas. De hecho, Urbanismo acaba de iniciar un expediente para imponer este tipo de sanciones a otra de estas fincas, el número 10 de Puerto Chico, después de que se pidiera la subsanación de los desperfectos encontrados tras la realización de la ITE.

En los otros tres casos, se pidieron obras y se hicieron. Es lo que ocurrió en Enrique de las Marinas 30 y 32, donde hubo un expediente de seguridad abierto en su día que se cerró en 2005 porque se ejecutó lo pedido. Posteriormente no se han producido más denuncias.

En la misma fecha cumplió la propiedad de Botica, 17 con un expediente similar, y tres años antes había hecho lo propio con la orden de obras de ornato. A la última de las fincas, el 18 de Adolfo de Castro, se le abrió un expediente de ornato que después se cerró porque se ejecutaron las obras en septiembre de 2007.

La Junta ya anunció que su listado de infraviviendas sería comunicado al Ayuntamiento gaditano para que tomara las medidas pertinentes contra los propietarios que no cumplen con el precepto legal de conservar en buen estado sus inmuebles.