el desarrollo de la ciudad Un solar previsto como zona verde

El derribo del cementerio lleva ya treinta meses paralizado

  • El Ayuntamiento sigue sin aclarar cuándo y cómo va a exhumar los miles de restos que hay en el subsuelo

En mayo de 2009 la Ayuntamiento de Cádiz adjudicó a la empresa Volatec el derribo de todas las cuarteladas que aún seguían en pie en el cementerio de San José. El coste de la operación se elevaba a 141.000 euros y la empresa tenía un plazo de cuatro meses para ejecutar los trabajos.

Han pasado desde entonces 30 meses y las ruinosas cuarteladas siguen en el mismo lugar. Como lo sigue el viejo camposanto, vacío ya de enterramientos desde hace años y pendiente de su definitivo cierre, que debería dar paso a su transformación en un nuevo parque público.

En estos últimos treinta meses el Ayuntamiento ha presentado en diversas ocasiones el proyecto de zona verde. En cada ocasión, además de destacar las virtudes de este equipamiento, ha anunciado su inmediata ejecución. La última vez fue apenas unos días después de la celebración de las elecciones municipales del 22 de mayo pasado. Desde entonces, nada.

Este periódico ha intentado, a lo largo del último medio año, conocer del Ayuntamiento cuáles son los motivos de la congelación de esta operación, si se mantiene el proyecto de la nueva zona verde y, sobre todo, si se sabe ya qué se va a hacer con los miles de restos que descansan bajo las cuarteladas y los pasillos interiores del propio camposanto. La respuesta ha sido el silencio.

Más allá de la financiación del derribo de las cuarteladas y la posterior inversión necesaria para construir la nueva zona verde, la paralización de todo el proyecto está motivada por la inconcreción municipal a la hora de proceder a la exhumación de todos estos restos que, fuentes de la propia Cemabasa, la empresa pública que gestiona el cementerio, pueden rondar los cien mil cuerpos enterrados a lo largo de doscientos años de existencia del camposanto gaditano.

Entre ellos se encuentran unos cuatrocientos que corresponden a ciudadanos fusilados tras el golpe militar del 18 de julio de 1936 y que en su gran mayoría fueron enterrados en fosas comunes. Los archivos del cementerio sitúan con precisión la ubicación de estos enterramientos. Sin embargo, en todos estos años apenas han seis las familias que han solicitado la exhumación de estos restos, de las que se han realizado cuatro, dándose la circunstancia de que algunos de ellos están bajo alguno de las cuarteladas que aún no han sido derribadas, por lo que no se pueden recuperar por el momento. Otros se habían enterrado en fosas construidas bajo los pasillos del camposanto.

Desde la Asociación de la Memoria Histórica se ha planteado en diversas ocasiones al Ayuntamiento su colaboración para realizar estas exhumaciones. El gobierno local, por su parte, nunca se ha cerrado a estas acciones pero tampoco ha agilizado el proceso de demolición de los antiguos nichos ya vacíos. En todo caso, destaca el mínimo número de familias interesadas en recuperar tantos estos restos como otros, ajenos a fusilados durante la Guerra Civil que descansan bajo el cemento.

La intención del Ayuntamiento es que una vez se recuperen estos miles de restos se trasladen al monumento conmemorativo que se levantó en el Cementerio Mancomunado de Chiclana y donde se recuerdan los doscientos mil ciudadanos enterrados en San José. Sin embargo, desde la propia Cemabasa se destaca que es una operación muy costosa y, sobre todo, muy delicada. A la vez, se evidencia que estas sepulturas bajo tierra están muy bien construidas en su mayoría. "Habrá que actuar de una en una", se indica ya que en algunos casos son más de una decena los cuerpos enterrados uno sobre otros "con lo que ello supone de profundidad y necesidad de tomar medidas de seguridad para evitar hundimientos".

Esta necesidad de trabajar en los enterramientos "de uno en uno" y la posibilidad de que, a pesar de los años que han pasado desde la clausura del camposanto, en 1992, aparezcan durante el proceso de exhumación familiares o amigos obliga a plantearse la operación con extrema prudencia. Tanto como la que se están tomando el Ayuntamiento de Cádiz desde hace dos décadas.

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