Nuevo roto a las costuras de la Junta de Andalucía. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó este jueves los objetivos de déficit para el trienio 2018-2020 con el voto en contra de todas las comunidades gobernadas por el PSOE y Cataluña y la abstención de Canarias. Sólo las regiones en manos del Partido Popular han secundado la propuesta del Gobierno, que ha salido adelante porque el voto de la Administración central tiene el mismo valor que el que suman todas las comunidades autónomas. Basta con que una región vote de forma diferente al resto para que estén en minoría frente al Estado. La senda de consolidación fiscal, que aún debe ser refrendada por el Congreso de los Diputados, impone a las autonomías un déficit máximo del 0,3% de su Producto Interior Bruto (PIB) en 2018. Y en 2019, los gobiernos autonómicos deberán alcanzar ya el equilibrio presupuestario.

Andalucía y el resto de regiones parten de un objetivo de déficit del 0,6% para 2017. Esta hoja de ruta supone para el Gobierno andaluz que los presupuestos de 2018 deben recoger un ajuste de 450 millones de euros sobre las cuentas del ejercicio actual. Este ajuste se debe repetir en 2019 para pasar de un déficit del 0,3% al 0%, según fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

En total, el Ejecutivo regional debe buscar 900 millones para los próximos dos ejercicios, fundamentalmente por la vía de los ingresos, ya las principales áreas de gasto -sanidad, educación y dependencia- no están en condiciones de asumir nuevos recortes, y apenas hay margen para dar un tijeretazo en la inversión en obra pública después de los ajustes ejecutados los últimos años.

Esta situación plantea una dificultad añadida para elaborar las cuentas de 2018, que actualmente se negocian con Ciudadanos. La Junta contaba con confeccionar un presupuesto expansivo, aprovechando la mejora de los ingresos tributarios por la recuperación económica. Y el partido naranja ha condicionado su apoyo a una nueva rebaja del impuesto de Sucesiones, que tendría un impacto de 150 millones en la recaudación del próximo año, con la vista puesta en una bonificación total a largo plazo. Además, Juan Marín exige nuevas bajadas en el tramo autonómico del IRPF para los próximos ejercicios, lo que estrecha aún más el margen de maniobra de la Junta.

Todos los consejeros socialistas se reunieron en Ferraz antes del consejo, que se celebró en el Ministerio de Hacienda, para consensuar una postura común. La titular andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, expresó su indignación a la salida del encuentro presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "Es una propuesta demoledora para el estado del bienestar, ofensiva para los ciudadanos e indecente para las comunidades autónomas", sostuvo Montero, que criticó "la opacidad" con la que el Estado reparte entre administraciones la responsabilidad de reducir el déficit. En su opinión, "no tiene sentido" que las comunidades autónomas, que representan más del 30% del gasto público, deban asumir la mitad del ajuste comprometido con Bruselas para el conjunto de España.

Además, acusó a la administración central de apropiarse del superávit de las administraciones locales, a las que no se les permite reinvertir sus remanentes, que ascienden al 0,6% del PIB. "Aunque el Estado figure con un objetivo de déficit del 0,7% del PIB, en realidad los ayuntamientos le están dando el 0,64%", afirmó la titular de Hacienda, que denunció el "coqueteo" de Montoro con Ciudadanos para sacar adelante "una posible bajada de impuestos" a la par que se exige a las comunidades soportar la mayor reducción del gasto público.

La Junta también expresó su malestar con la actitud del ministro de Hacienda por tratar el encuentro como mero trámite. Montoro adujo que la senda de consolidación fiscal de 2018 y 2019 ya se conocían desde diciembre, cuando Andalucía se abstuvo al acordarse un tope del 0,6% para 2017. Sin embargo, desde el Gobierno andaluz se insistió en que la Ley de Estabilidad Presupuestaria estipula que éstos se deben aprobar cada año.