La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) pidió a los médicos recurrir a la objeción de conciencia ante el decreto de Sanidad que establece la retirada de la asistencia sanitaria a inmigrantes sin papeles que ya están siendo tratados en España. A su juicio, la normativa supone un "conflicto ético" entre los profesionales en relación a su deber con el Sistema Nacional de Salud (SNS) y su deber con estos pacientes.

La disconformidad de la Semfyc se plasma en un documento elaborado por su Grupo de Trabajo de Bioética, que defiende que la lealtad del médico al paciente debe prevalecer y que se hizo público ayer en una rueda de prensa

Según comentó el presidente de esta sociedad científica, Josep Basora, los profesionales sanitarios no pueden dejar de atender a quien ya ha sido su paciente dado que, si lo hacen, estarían "vulnerando" el código deontológico médico que les obliga a "velar por el bienestar, la lealtad, la justicia y la autonomía" del enfermo. "No podemos dejar de atender a personas que, por situación de pérdida del permiso de residencia, podrían estar en una situación de indefensión delante de la sanidad", recalcó Basora.

Los responsables de esta sociedad pidieron al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifique el real decreto y advirtieron que, si no lo hace, "la única salida que le queda al médico de familia es la objeción de conciencia", un derecho básico que "no puede ser perseguido por las instituciones públicas".

Cinco comunidades autónomas anunciaron ya su intención de seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares a partir de septiembre: Andalucía, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco.

Los médicos de familia sí aceptan las limitaciones en la prestación impuestas por el Gobierno para el colectivo de inmigrantes "potenciales" o "que están por venir", pero insisten en que no se puede hacer con los que ya están siendo atendidos "porque es cambiar las reglas del juego a mitad de partido".

Así, el informe concluye que el profesional vive como un verdadero conflicto ético de dos lealtades que chocan: la que debe al Servicio de Salud y la que merece el paciente, según señaló Abel Novoa, del Grupo de Bioética.

Además, se muestran en contra del turismo sanitario: "Hay que combatir el abuso, pero son dos realidades distintas".

Respecto a la forma en la que los sin papeles podrán acceder a los medicamentos básicos, uno de los "mínimos decentes" a los que debe tener derecho este colectivo, el doctor Basora reconoció que es "uno de los interrogantes que tenemos", si bien señaló que estudiarán otras fórmulas.