La Fiscalía italiana investiga al padre de Eluana por homicidio voluntario

  • La asociación Verdad y Vida ha denunciado a 13 personas más, entre las que se encuentran personal médico y enfermeras de la clínica La Quiete · Beppino Englaro ya ha defendido al anestesista de su hija

La Fiscalía de Udine está investigando por homicidio voluntario al padre de Eluana Englaro, la mujer que llevaba 17 años en estado vegetativo y que falleció el pasado 9 de febrero después de que los médicos suspendieran la alimentación e hidratación artificial que la mantenían con vida, según informó ayer la prensa italiana.

Tras la denuncia, presentada por la asociación Verità e Vita (Verdad y Vida), el fiscal ha comenzado también a investigar a otras 13 personas, entre las que se encuentra el médico anestesista Amato de Monte, que guió al equipo médico en la retirada de la sonda a Eluana Englaro.

Según manifestó el presidente de la asociación denunciante, Mario Palmaro, la denuncia "incluye nombres y apellidos". "Se trata de una relación detallada en la que llamamos a la causa a Beppino Englaro, al personal médico y enfermeras, así como a los responsables de la clínica".

En un primer momento, los medios locales afirmaban que la investigación llegaba después de que la asociación Ciencia y Vida denunciara un supuesto delito de homicidio voluntario en el caso de Eluana.

Este extremo fue aclarado posteriormente tanto por Ciencia y Vida, que negó haber presentado ninguna denuncia, como por la asociación Comité Verdad y Vida, que sí confirmó haber denunciado por homicidio voluntario a Englaro y a otras 13 personas.

Por su parte, el fiscal de Udine, Antonio Biancardi, confirmó también ayer que, ante las "numerosas" denuncias recibidas, su Fiscalía investiga a 14 personas por la muerte de Eluana Englaro, a la que el Tribunal Supremo italiano autorizó a morir.

Según el fiscal, en los últimos días han recibido en su oficina "numerosas" denuncias enviadas o presentadas "por parte de ciudadanos, todos identificados e identificables".

"La inscripción llevada a cabo sólo en estos últimos días responde a la necesidad de separar las denuncias específicas contra las personas posteriormente inscritas, de las también numerosísimas exposiciones, a veces delirantes, exentas sin embargo de relevancia penal y de acusaciones precisas", explica Biancardi.

Esta noticia llega un día después de que Beppino Englaro tuviera que salir a defender al anestesista de su hija y a dos periodistas por las investigaciones que estaba desarrollando la Fiscalía en torno a unas fotografías de su hija.

Englaro afirmó a través de una nota de sus abogados que las fotografías de su hija en la clínica donde fue desconectada fueron tomadas con su permiso.

Los abogados de Beppino Englaro afirman que "las fotografías relativas a Eluana en Udine, donde estaba ingresada, fueron autorizadas en el ejercicio de la potestad del tutor y, por lo tanto, en el ejercicio de un poder privado, con el único fin de documentación clínica y por la sola exigencia de su tratamiento".

Según la hipótesis de los investigadores, De Monte sacó algunas fotos de Eluana pese a la prohibición del protocolo legal decretado por los jueces de Milán, que vetaron el uso de cámaras de fotos o aparatos de grabación en la habitación donde estaba la mujer.

Las fotos fueron tomadas a Eluana Englaro, de 38 años, el 8 de febrero y un día después murió por deshidratación tras cuatro días de suspensión de la alimentación.

El controvertido caso de Eluana Englaro ha desatado una intensa polémica en Italia. Después de largos años de batalla judicial, la familia consiguió que el Tribunal Supremo autorizara suspenderle la alimentación y la hidratación asistidas.

Sin embargo, los padres todavía tuvieron que hacer frente a los obstáculos que interpuso el Gobierno de Silvio Berlusconi, que intentó impedir por todos los medios que la sentencia del Tribunal Supremo fuera ejecutada.

Finalmente, la familia encontró una clínica privada, La Quiete de Udine, que quedaba fuera de las prohibiciones impuestas por Berlusconi. El caso ha servido para que el Gobierno italiano acelerara el proceso que conducirá a aprobar una ley sobre el testamento biológico, que estos días está siendo debatido en el Parlamento.

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