Barcelona tendrá el primer fiscal de España especializado en casos de acoso inmobiliario

  • Las penas por cometer el delito pueden ir desde los seis meses hasta los tres años de prisión

Barcelona contará con el primer fiscal en toda España especializado en casos de acoso inmobiliario, un fenómeno por el que entre 2004 y 2007 se presentaron más de 509 denuncias en las oficinas municipales de vivienda de la capital catalana, de las que siete llegaron a los tribunales.

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y la fiscal superior de Cataluña, Teresa Compte, firmaron ayer un acuerdo para que ambas instituciones actúen de manera coordinada si se comprueba que existen indicios de acoso entre los casos que se denuncian en las oficinas de atención al ciudadano.

El acoso inmobiliario define las prácticas dirigidas a deteriorar la vivienda de un inquilino o un propietario, así como la presión de los especuladores de este sector para que los afectados abandonen el inmueble, normalmente de renta antigua, o afectado por un plan urbanístico.

Las funciones de este fiscal especializado -en una experiencia piloto que Compte ha adelantado quiere que se extienda a otras zonas de Cataluña- serán las de coordinarse con el consistorio para analizar estas denuncias, instruir las diligencias de investigaciones si fuera necesario y presentar ante los tribunales los casos de posible acoso si estos han de seguir la vía penal.

Aunque el acoso inmobiliario no está tipificado específicamente como tal en el Código Penal, esta práctica abusiva se suele encuadrar como delitos contra la integridad moral o de coacción, con penas que van de 6 meses a 3 años de prisión, para el primer caso, y de 6 meses a 2 años para el segundo, a los que se podría añadir un delito de desobediencia contra el "acosador".

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