Un reparo del interventor señala a un cargo de confianza andalucista

  • Sostiene que Manuel Cruz ordenó desde Desarrollo Sostenible la continuación de un servicio sin contrato

  • El PP lo denuncia y el gobierno local y la empresa lo niegan

La alcaldesa, Patricia Cavada, junto al interventor, José Antonio López, en un pleno reciente. La alcaldesa, Patricia Cavada, junto al interventor, José Antonio López, en un pleno reciente.

La alcaldesa, Patricia Cavada, junto al interventor, José Antonio López, en un pleno reciente. / román ríos

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Un nuevo informe de reparo del interventor ha puesto en el centro de la diana a un histórico cargo de confianza y ex concejal de los andalucistas -Manuel Cruz Romero- al dar por hecho que, sin tener competencia alguna para ello, ordenó la continuación del servicio de recogida de animales a la empresa Residencia Canina La Luna SL a pesar de que el contrato que tenía suscrito con el Ayuntamiento expiró en febrero de 2016. El PP ha aireado el citado informe y ha denunciado los hechos que, por otro lado, tanto el gobierno municipal como la citada empresa se han apresurado a desmentir.

Al próximo pleno, de hecho, irá la aprobación de las facturas sin consignación por la prestación de este servicio en el periodo comprendido entre abril de 2016 y marzo de 2017, cuyo importe asciende a 58.080 euros y que cuentan con el informe desfavorable del interventor, precisamente, por no existir ningún contrato que le dé cobertura. Los técnicos municipales, no obstante, acreditan los servicios prestados por esta empresa y, en la actualidad, se tramita su gestión mancomunada tras fracasar una primera tentativa municipal de adjudicar el contrato (en 2016).

Desde el PP, el concejal Daniel Nieto se hizo eco ayer de dicho informe de Intervención para denunciar la "incapacidad" del gobierno que comparten PSOE y PA a la hora de gestionar la ciudad y de sacar adelante los contratos que se requieren para asegurar la prestación de los servicios municipales, lo que además achacó al "desmantelamiento" de la oficina de contratación promovido desde el ejecutivo.

El principal grupo de la oposición alertó de la "situación de emergencia administrativa" en la que se encuentra el Ayuntamiento y, con el informe del interventor en la mano, acusó directamente a este cargo de confianza de los andalucistas de "crear un problema que supondrá cerca de 60.000 euros" para las arcas municipales.

El expediente de reparo, de hecho, señala directamente a este asesor político -hombre clave del PA isleño- a partir de la declaración realizada por el jefe de unidad de Intervención, que a asu vez relata lo que el responsable de la empresa -Residencia Canina La Luna- le manifestó en su momento, al presentar sus facturas en Hacienda con la intención de cobrar los 58.080 euros que se le adeudan por la prestación del servicio de recogida de animales durante el último año. Esto es, que supuestamente Manuel Cruz le indicó verbalmente que debía seguir prestando el servicio a pesar de que el contrato ya no estaba vigente desde febrero de 2016. A partir de ahí, el interventor censura esta "mala práctica no conforme a derecho" y recuerda que dicho cargo de confianza, por su propia naturaleza, no tiene competencia alguna en el trámite de expedientes de contratación.

"Se dan las órdenes por quien no tiene que darlas, por asesores políticos y de forma verbal", criticó Daniel Nieto al exigir responsabilidades políticas.

Tal fue revuelo que ocasionó la rueda de prensa del PP y el informe del interventor que el propio responsable de la Residencia Canina La Luna, Alfonso Gutiérrez, salió al paso para asegurar que ni siquiera sabía quién era Manuel Cruz. En la misma línea, desde el gobierno municipal se aseguró que en todo momento se había tenido conocimiento de la situación de este servicio de recogida de animales y se negó tajantemente que su prórroga hubiese sido una decisión tomada de este asesor político. Es -afirmó- el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, una decisión del propio equipo de gobierno dada la necesidad -y obligatoriedad- de manter activo este servicio después de que su adjudicación se viera frustrada al no llegar a formalizarse el contrato con la empresa que resultó adjudicataria en 2016.

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