La Junta de Andalucía ha descartado la declaración de utilidad pública para la asociación de mariscadores Virgen del Carmen, entidad que proyecta desde hace una década la puesta en marcha de una depuradora de moluscos en unos terrenos municipales colindantes a Puente de Hierro cedidos para tal fin por el Ayuntamiento en el año 2009.

La resolución de la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz, publicada ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se remonta al pasado 12 de septiembre y viene a reconocer la caducidad de la solicitud presentada en este sentido por la entidad isleña. La declaración de utilidad pública es, de hecho, un requisito básico para acceder a determinadas ayudas y subvenciones públicas. De ahí, probablemente, el interés de la asociación de mariscadores de San Fernando -que desde sus orígenes persigue con insistencia la cooperación económica de la Junta para su proyecto- en hacerse con este reconocimiento.

El colectivo se enfrenta también a la devolución de 30.000 euros de la ayuda municipal

Desde la Delegación del Gobierno andaluz se precisó ayer que el colectivo, en realidad, nunca ha llegado a contar con esta declaración de utilidad pública y se explicó que la resolución obedece simplemente a que el proceso administrativo no se había podido completar al no haber entregado la asociación la documentación requerida, lo que había impedido dictar resolución alguna al respecto.

Asegura la Junta que, antes de dar carpetazo a la solicitud, se han remitido varios requerimientos a los interesados para que aportaran la documentación necesaria en el Registro de Asociacióones de Andalucía y se les han dado varias prórrogas en los plazos sin que haya servido de nada. No ha habido contestación alguna por parte de los mariscadores. Así que la respuesta a su petición de reconocer a la asociación Virgen del Carmen como una entidad de utilidad pública no ha podido sino ser negativa ya que ni siquiera se ha contado con la documentación necesaria para valorar la solicitud.

Entre los requisitos que se pide a cualquier entidad para acceder a este reconocimiento -y que pueden consultarse en la página web de la Junta de Andalucía- se incluye la remisión de una memoria en la que se detalle la finalidad de la asociación, actividad, número de asociados, organización, retribuciones económicas... Y también una detallada información económica y fiscal que incluye las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios, así como certiticaciones de la Seguridad Social, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de los servicios de tesorería de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en la que conste que la entidad se encuentra al corriente de todos los pagos y de sus obligaciones fiscales.

La asociación de mariscadores, por otro lado, se enfrenta también a la devolución de unos 30.000 euros por no justificar debidamente varias partidas de la subvención que el Ayuntamiento le concedió en el año 2011 para impulsar la construcción de la nave para la depuradora de moluscos, instalaciones que seis años después siguen todavía sin estar en funcionamiento. El total de las ayudas otorgadas por el Consistorio, que también cedió el uso del suelo, ascendió a 120.000 euros.

El expediente de reintegro parcial de las ayudas pasó por el pleno en el pasado mes de marzo. La asociación -y el proyecto de la depuradora de moluscos- afrontan un incierto futuro. Este proceso administrativo, confirmó ayer el Ayuntamiento, está todavía abierto y pendiente de las alegaciones del colectivo.