La calle

La justicia no es un cachondeo

En los dos debates que tuvieron Zapatero y Rajoy en la pasada campaña electoral no se habló de justicia. Era un asunto desagradable para ambos y no fue aireado por ninguno de los dos. Es verdad que el PP ha bloqueado durante año y medio la renovación del órgano de control de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Pero en los desencuentros entre los grandes partidos sobre asuntos de Estado no se puede descargar de toda culpa a ninguno de los dos. La responsabilidad es del desgobierno de los jueces, o del colapso de la justicia, son repartidas. Alarmado por las declaraciones de un juez de lo penal de Madrid, el CGPJ ha hecho un informe en el que advierte que hay 270.000 sentencias penales sin ejecutar en España. A razón de mil diarias, no se llegarían a aplicar todas ellas en los días laborales de un año. La cifra andaluza es mejor que la media nacional, pero había 45.700 sentencias penales por cumplirse en la región a finales de 2007, un 4,4 por ciento más que un año antes; parece la inflación. La peor provincia en este campo es la de Cádiz, con 13.000 sentencias sin ejecutar; le sigue Málaga con 12.500, Sevilla 7.000, Almería 4.000, Granada 3.500, Córdoba 2.170, Huelva 1.860 y Jaén 1.700, según las cifras oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Hay cosas que dejan en evidencia la distancia entre las necesidades de los ciudadanos y la realidad política. Por ejemplo, que en los criterios de valoración del trabajo de los jueces, la clave para la inspección del CGPJ es el número de sentencias dictadas. No las ejecutadas. Así, que uno se imagina a los jueces con ganas de prosperar, juzgando y sentenciando a destajo. Me recuerda los sistemas de control estadístico en los planes quinquenales de la Unión Soviética: la fabricación de ceniceros se contabilizaba al peso y el camarada responsable de cumplir con la planificación centralizada decidió hacer cada vez menos unidades, pero más pesadas. Un sujeto muy cumplidor, que sin duda subió en el escalafón con rapidez.

Pero la justicia no es asunto para hacer bromas: atañe a la libertad de las personas, que es junto a la vida el valor y el derecho principal de los seres humanos. Hizo mucha gracia la reacción de Pedro Pacheco hace más de veinte años, por una sentencia que le era adversa, en un litigio del Ayuntamiento de Jerez contra el cantante Bertín Osborne, por una construcción ilegal. Dijo “la justicia es un cachondeo”, y lo procesaron por desacato; pero ganó el pleito. Pero una cosa es la administración de justicia, que es deficiente, y otra la justicia misma, que es uno de los pilares de un Estado democrático.

Algunas de las reformas  legales que se han hecho recientemente para agilizar la justicia han tenido un efecto perverso. Desde la entrada en vigor de los juicios rápidos en abril de 2003 los jueces de guardia pueden dictar sentencia, por ejemplo, en el caso de un conductor que conducía ebrio. Pero después enviará a un juzgado de lo penal su resolución para que la ejecute. Ese procedimiento acaba generando una gran burocracia: hay que registrar la sentencia, notificarla a Tráfico, comunicarla al conductor, reclamar la multa, verificar los plazos, atender algún recurso si se presenta... y entretanto otras sentencias de casos más graves, sin ejecutarse. Hay una cierta leyenda negra sobre el escaso rendimiento de los funcionarios en general y los de la justicia en particular. Fuentes autorizadas lo desmienten: “hay de todo, pero este es un trabajo desarrollado en general con una gran responsabilidad”.

Un amigo, que es un notable juez, me dice muy seriamente que falta personal en los juzgados. “En la Costa del Sol, por ejemplo, al menos faltan cuatro personas por juzgado; es decir entre un 30 y un 50 por ciento más que la dotación existente”. Falta también que los ciudadanos se den cuenta de que no existe un Estado democrático sin una justicia rápida. Y que lo exijan a los políticos, de la misma manera que se les exige seguridad ciudadana, hospitales, mejor educación e infraestructuras. En fin, hace un año cuando se celebraron las elecciones presidenciales en Francia, en los debates entre Ségolène Royal y Nicolas Sarkozy no se habló tampoco de la justicia. El que no se consuela es porque no quiere. 

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