El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha presentado una propuesta para acabar con el bloqueo a la renovación del Consejo que no sólo ha paralizado decisiones de deja maltrecha la administración de la Justicia, entre ellas la elección de profesionales que ocupen plazas que urge completar. Por no mencionar que ese bloqueo envenena la política española, profundiza en la animadversión mutua entre los responsables del PSOE y PP, y ha llevado a una situación límite a quienes ven paralizada su vida por la falta de decisiones judiciales.

La propuesta de Guilarte insiste en la metodología para proceder a la renovación del CGPJ, sugiere que dependa de un comité formado por profesionales de incuestionable prestigio ajenos a agrupaciones o asociaciones. Que suelen tener tinte político, aunque no lo dice Guilarte. Que propone también que los cargos más relevantes de las audiencias y juzgados regionales los decidan, a través de un comité similar al del CGPJ, profesionales de prestigio de las comunidades autonómicas.

Será difícil que Guilarte tenga una buena acogida a su sugerencia, no porque sea poco efectiva, o inviable, o deja excesivos flecos pendientes. No. El problema es que será difícil que los dirigentes políticos estén dispuestos a aceptar que la Justicia es independiente, aunque a esos dirigentes políticos se le llena la boca defendiendo la obligada independencia. Sin embargo, en España es habitual que importantes decisiones judiciales o de instituciones que deberían ser ajenas a los intereses del Gobierno o de los partidos estén contaminadas.

Lo vemos constantemente. Estos días, con especial virulencia por un uso absolutamente escandalosa de la Fiscalía. Su máximo responsable es nombrado por el Gobierno, pero las decisiones de los fiscales, de todos los fiscales, deben ser independientes, condicionadas exclusivamente a lo que recoja la ley. El espectáculo de un fiscal general presionando directamente o a través de la teniente fiscal para que no se admita una querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso es inadmisible, escandaloso.

Están en marcha las comisiones parlamentarias sobre el caso Koldo. Deplorables de principio a fin. Lo mínimo que pueden hacer los portavoces es preparar las intervenciones, y no dedicarse al insulto y a las descalificaciones personales. Se comprende el descrédito de ese tipo de comisiones de investigación; no sirven para nada. Sus conclusiones no tienen consecuencias, sólo los tribunales pueden determinar responsabilidades. Pero… la independencia de ciertos tribunales está en cuestión.

Una situación patética que desacredita a España: no cumple de forma impoluta las reglas de la democracia.