CON siete folios de su resolución del pasado jueves la juez María Núñez Bolaños ha dinamitado las tesis de su antecesora al frente del juzgado de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, sobre el sumario de los ERE fraudulentos, el escándalo de presunta corrupción política más importante descubierto en Andalucía. El auto de Núñez Bolaños, que es titular del juzgado tras la marcha de Alaya a la Audiencia Provincial -aunque permanece adscrita en comisión de servicio al mismo-, procede a dividir la causa de los ERE en tres grandes bloques de piezas separadas, con el objetivo de agilizar el procedimiento y activar la instrucción, que supera ya los cuatro años, tal y como había solicitado reiteradamente la Fiscalía Anticorrupción, sin que la anterior titular hubiese aceptado la escisión. Esta era también la posición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo, cuya doctrina se opone a la incoación de macrocausas. Mercedes Alaya siempre ha considerado que la causa de los ERE era inescindible por la conexión de todos los presuntos delitos cometidos por la trama corrupta que se benefició ilícitamente de la concesión de ayudas del Gobierno andaluz a los trabajadores de empresas en situación de crisis. El Supremo, en realidad, avaló la instrucción de Alaya al ratificar el encausamiento de los dos ex presidentes de la Junta y otros altos cargos, pero es decidido partidario de la división del sumario a fin de que concluya en el menor plazo posible con los juicios a los presuntos culpables. De este modo, Alaya queda desautorizada por un procedimiento que ella misma puso involuntariamente en marcha al solicitar una plaza en la Audiencia Provincial, que le fue otorgada. Aunque el Poder Judicial todavía no ha resuelto por completo la redistribución de los casos pendientes entre Bolaños y Alaya, la idea inicial de que esta última continuara con la instrucción del sumario de los ERE, que conoce lógicamente como nadie, no ha sido obstáculo para que su sucesora ejerza con plenitud su condición de titular del juzgado y adopte las decisiones comentadas acerca de la división de las diligencias instruidas. Después de esta resolución es más evidente que las dos juezas, la titular y la anterior, mantienen actitudes irreconciliables y se confirman como personalidades jurídicas de imposible convivencia, como ha ratificado por escrito el Tribunal Superior de Andalucía. La incansable labor instructora de Mercedes Alaya, que ha puesto contra las cuerdas al poder político andaluz, se aproxima así a un final poco halagüeño.