El Gobierno suprimió ayer el polémico canon digital, que sustituirá por un sistema de compensación con cargo a los Presupuestos, y ha aprobado el reglamento de la ley Sinde, que pone en marcha una comisión antipiratería para defender a los creadores del "expolio lucrativo" de las descargas de internet.

El reglamento de la ley Sinde era una de las "patatas calientes" -según la calificó el nuevo ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert- heredadas del anterior Gobierno, que decidió dejarlo encima de la mesa del Consejo de Ministros después de debatirlo en varias ocasiones.

En su segunda reunión, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dado luz verde al desarrollo de una ley que pactó hace casi un año con el PSOE en el Parlamento.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó tras el Consejo de Ministros que la Comisión de Propiedad Intelectual se ocupará de "proteger los derechos de los propietarios, creadores y otros titulares frente al expolio lucrativo de las webs de descargas ilegales".

Sáenz de Santamaría precisó que "sólo se va a actuar, y siempre con la correspondiente protección judicial, frente a quienes indebidamente se lucran de los derechos de propiedad intelectual de otros", es decir "sólo contra los que hacen negocio de esas descargas ilegales".

El Real Decreto amplía el cometido de la Comisión, que tenía funciones de mediación y arbitraje, a otras actuaciones que estarán dirigidas a la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

Para ello se establece un procedimiento de naturaleza mixta, administrativo y judicial, que requiere la intervención del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo "para garantizar la integridad de los derechos fundamentales afectados", señala el Consejo.

En cuanto al canon digital, el Gobierno introducirá una compensación equitativa por copia privada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, que será determinada tras el diálogo con los sectores afectados, señala la referencia del Consejo de Ministros.

El impopular canon fue establecido para compensar a los autores por la copia de sus obras realizada por particulares y su aplicación enfrentó en los últimos años a las entidades de gestión con el sector de la industria de las nuevas tecnologías y las asociaciones de internautas.