La Eurocámara aprueba que los 'sin papeles' puedan ser retenidos 18 meses

  • PSOE y PP ven en esta aprobación un primer paso hacia "una política de inmigración común" la directiva de retorno que unifica las restricciones para inmigrantes

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Pese a las protestas, el Parlamento Europeo dio hoy la luz verde definitiva a la polémica norma que armoniza los procedimientos de repatriación de los inmigrantes, que tiene como punto más discutido permitir a los Veintisiete retener a los 'sin papeles' hasta un máximo de 18 meses a la espera del envío a su país de origen. Varias ONG ya se han pronunciado en contra de esta medida, pero PSOE y PP decidieron destacar que esta iniciativa, votada por ambos partidos de forma mayoritaria, supone un primer paso hacia "una política de inmigración común".

El pleno de la Eurocámara aprobó el documento por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones. Los populares europeos respaldaron en bloque la directiva, aunque los socialistas se dividieron por países, si bien todos los españoles dieron el sí salvo Josep Borrel y Raimon Obiols. De esta forma, se confirma una tramitación comenzada el 5 de junio y que ahora da un plazo de dos años a cada uno de los Estados miembros para introducir la normativa en sus respectivas legislaciones.

El objetivo de la norma es armonizar los procedimientos de los Veintisiete países en la repatriación de inmigrantes clandestinos, ya que en la actualidad los plazos dependen de cada uno de los Estados. Así, ahora introducirán un nuevo límite de retención de inmigrantes de seis meses, que se podrá ampliar a 18 meses si la persona no coopera o se demora la obtención de la documentación necesaria. Además, sólo podrán ser devueltos a su país de origen o a aquellos con los que los países mantengan acuerdos y se le prohibirá la entrada en territorio comunitario durante los cinco años seguiría. Este tiempo quedaría eliminado gracias al principio de retorno voluntario al que pueden acogerse los inmigrantes.

La directiva de retorno también se aplica a familias y menores no acompañados, aunque en este último caso se prevén garantías específicas, de tal forma que sólo podrán ser expulsados cuando sus parientes o un centro de acogida se encarguen de ellos a su llegada.


Primer paso

Los eurodiputados rechazaron las enmiendas presentadas por el grupo Verde y por Izquierda Unitaria, que votaron en contra, así como las presentadas por el grupo socialista para suavizar el contenido, mediante las cuales se pretendía reducir a seis meses el plazo máximo de internamiento, someter a control judicial cualquier orden administrativa al respecto o reforzar la protección de los menores. En cualquier caso, el grueso de los parlamentarios españoles la respaldó.

Para el eurodiputado socialista Javier Moreno, "ha sido una batalla política complicada, con el permanente bloqueo de la derecha a las enmiendas socialistas, que pretendían ofrecer garantías sólidas a los inmigrantes clandestinos". Moreno subrayó en un comunicado que su grupo apuesta "por una política de inmigración común" y señaló que han conseguido "establecer un mínimo para Veintisiete países, lo que no afecta a que países como España, como una legislación muy superior en cuanto a derechos del inmigrante, mantengan sus actuales garantías".

Por su parte, el popular Agustín Díaz de Mera, subrayó que la directiva "es un paso firme y decidido hacia la necesaria política común en materia de inmigración, un instrumento jurídico imprescindible para salvaguardar los derechos fundamentales de los inmigrantes y una precondición para hacer progresos en la regulación de la inmigración legal".

En cambio, las ONG han mostrado ya sus preocupaciones por las consecuencias que pueda acarrear la normativa para los 'sin papeles'. Así lo expresó Amnistia Internacional, "profundamente decepcionada" por "rebajar los estándares vigentes" y dar "un muy mal ejemplo para otras regiones en el mundo". En una nota, la organización humanitaria denunció que la directiva tampoco contempla las "suficientes garantías" para los menores no acompañados ni asegura de forma adecuada la supervisión judicial de las decisiones administrativas.

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