La vicepresidenta pide a la Iglesia que "no falte a la verdad"

  • De la Vega advierte que la sociedad española no aceptará "tutelas morales"

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Salvo que hoy en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso prospere la petición del PP de convocar un pleno extraordinario para debatir una moción instando al Gobierno a la ilegalización de ANV y del PCTV y otra de varios grupos reclamando la presencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para explicar los detalles de la detención de dos presuntos etarras en el País Vasco, la vicepresidente primera, María Teresa Fernández de la Vega , protagonizó junto al vicepresidente Solbes la última comparecencia pública del Gobierno en las Cortes Generales en esta legislatura. Y lo hizo para pedir a parte de la jerarquía de la Iglesia Católica española --especialmente a la representada por los arzobispos de Madrid, Antonio María Rouco, y de Valencia, Agustín García-Gasco- que "no falte a la verdad" afirmando que "el laicismo radical" del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha provocado un retroceso de los derechos humanos y está provocando "la disolución de la democracia" en España al reformar el divorcio y al legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo.

En concreto, De la Vega dijo que el Gobierno respeta la libre "expresión de opiniones" y el "derecho a la crítica" de los obispos, siempre y cuando "no se vulnere el respeto debido al Gobierno y al Parlamento y se haga faltando a la verdad". " Cuando esas opiniones pretenden condicionar un norma, deben contar con el respaldo de la mayoría y deben fundamentarse en la razón", agregó.

Además, la vicepresidenta dejó claro que en la relación Iglesia-Estado no habrá lugar para "privilegios" ni para "discriminaciones", y subrayó el empeño del Gobierno en que las relaciones con la Iglesia funcionen de "manera fluida dentro del modelo de laicidad" y con transparencia en su financiación.

De la Vega reconoció diferencias en relación a las asignaturas de Religión y de Educación para la Ciudadanía, pero subrayó el escrupuloso respeto del Gobierno a la jerarquía de la Iglesia, "a los que discrepan mucho y a los que lo hacen menos, esperando el mismo respeto".

En su opinión, la sociedad española "no necesita tutelas morales, como tampoco las necesita, ni tolera ni acepta el Gobierno".

"Tampoco vamos a retroceder a tiempos pretéritos en los que una única moral era impuesta a todos los españoles. No vamos a retrasar las manecillas del reloj, y nadie puede tratar de imponer a nadie una creencia religiosa", añadió.

La vicepresidente tuvo que soportar las críticas de ERC e IU-ICV, que acusaron al Gobierno de no apostar por el laicismo, y las del PP, que se situó en el frente contrario. La diputada popular María Salom acusó al Ejecutivo socialista de "no respetar la libertad religiosa", y le pidió que "deje vivir en paz a la gente, la católica y la no católica".

En la replica, De la Vega subió el tono y rechazó categóricamente que el Gobierno haya atacado a la familia y que esté diluyendo la democracia y vulnerando derechos fundamentales.

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