La aprobación por parte del Gobierno del traslado de agua de la desembocadura del Ebro a Barcelona ha puesto en primer plano la polémica sobre si se trata o no de un trasvase. En teoría, trasvase es una obra de ingeniería que deja secuelas en el entorno donde se realiza. Desde el punto de vista medio ambiental, un trasvase implica retirar una cantidad de agua -ingrediente de ese ecosistema- para transportaría a otra región. Las organizaciones ecologistas y expertos han insistido, por activa y pasiva, en sus efectos negativos.

La doctora Isabel Palomera, bióloga del Instituto de Ciencias del Mar que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y es experta en estuarios y recursos marinos, explica que la retirada de agua en la desembocadura del Ebro "afecta directamente a las comunidades de peces".

En concreto, Palomera señala que "hemos encontrado que los caudales del Ebro tienen componentes que alimentan a la población de anchoa que se encuentra en la costera de la desembocadura del río. Los aportes del río benefician a esta especie en la época del crecimiento de la anchoa. En las épocas de sequía se minimizan estos aportes con lo que un río con menos caudal será perjudicial para las anchoas". "Los trasvases -agrega la científica- son negativos para los sistemas de costeros".

En el caso concreto del trasvase del Ebro a Barcelona supone "una retirada de agua del caudal del Ebro, un agua que el río necesita porque ha visto reducido su caudal en los últimos años como consecuencia del cambio climático", explica Santiago Martín Barajas, coordinador de aguas de Ecologistas en Acción.

Independientemente de la cantidad de agua extraída, "un trasvase reducirá el caudal del río y por lo tanto altera las condiciones ambientales de ese ecosistema, especialmente porque los trasvases de producen cuando hay sequía y ese agua la necesita la cuenca donante", insiste Martín. Aunque desde el Gobierno, en el caso concreto del minitrasvase del Ebro a Barcelona, se alegue que se trata de agua que procede del excedente de los regantes, asegura que ese agua no se perdía sino que terminaba por filtrarse en el terreno y volver al río.

También coincide con esta opinión Julio Barea, geólogo de Greenpeace, que insiste en que el agua que llega a la desembocadura del Ebro tiene una calidad muy baja, lo que hará que difícilmente pueda ser utilizada para el consumo humano. En segundo lugar, Barea insiste en que la transportación de agua supone una "alteración, una intrusión" en el ecosistema, ya que se van a mezclar aguas de dos cualidades y trasladar especies autóctonas.

Desde que el presidente de la Generalitat, José Montilla, acordara con la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, la transferencia de 50 hectómetros cúbicos agua de la desembocadura del río Ebro hasta Barcelona no ha cesado el cruce de acusaciones entre el Gobierno y el PP sobre el significado de la palabra trasvase.

La oposición acusa al Gobierno de hacer para Cataluña justo lo mismo que negaron para Valencia y Murcia -comunidades gobernadas por el PP- cuando derogaron el Plan Hidrológico Nacional (PHN) nada más acceder al Gobierno en 2004.

Por su parte, tanto el PSOE como el Gobierno huyen de la palabra trasvase. Al ser preguntada por ello, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega negó por activa y por pasiva que el Gobierno fuese a aprobar un trasvase. "No hay ni minitrasvase, ni gran trasvase", dijo un día antes del acuerdo.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define a la palabra trasvase como la acción de "pasar un líquido de un recipiente a otro", por lo que, literalmente, cualquier transferencia de agua podría denominarse trasvase.

A diferencia del trasvase de 1.500 hectómetros cúbicos permanentes del río Ebro que contemplaba el PHN, la transferencia de agua que acordaron Generalitat y Medio Ambiente es una medida "provisional" y de "emergencia" que no "restará ni una gota más de agua del río" ni afectará a su caudal, insiste el Gobierno.