El colapso de la Justicia alcanza ya las 270.000 sentencias sin ejecutar

  • La mayor congestión se da en los juzgados de Cataluña, con más de 56.000 procedimientos sin aplicación · El CPGJ reclama medidas de refuerzo, informatizar los juzgados y menos interinos

La Justicia española es lenta y cuenta con pocos medios para su agilización. 269.405 son las resoluciones que los Juzgados de lo Penal de toda España tienen pendientes de resolver, que se distribuyen entre los juzgados ordinarios y los órganos especializados que se encargan únicamente de ejecutar sentencias.

Estos datos nos retrotraen al caso de Santiago del Valle, el acusado de asesinar a la pequeña Mari Luz Cortés, que se encontraba en libertad a pesar de estar condenado por abusar de su hija menor de edad. Este caso fue uno de los miles que siguen aún pendientes de resolver. Es conveniente aclarar que no es suficiente con que un tribunal condene a una persona, puesto que esa sentencia debe ser ejecutada por orden de un juez.

Los juzgados ordinarios soportan el 70,25 por ciento de los asuntos pendientes, lo que supone 795 ejecutorias por cada uno de ellos, en total 189.280 de los 270.000 fallos sin aplicar. Los órganos especializados, al haber menos, tienen un retraso de 5.723 asuntos, el 29,74 por ciento restante (80.125 de los 270.000 fallos sin ejecutar), según datos recogidos en un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el órgano de gobierno de los jueces hizo público ayer.

El informe, que ha sido elaborado por el Servicio de Inspección y que será discutido el jueves en la Comisión Permanente del CGPJ, señala que con las cifras de sentencias pendientes de ejecución se "sobrepasa la media del registro en un 21 por ciento en Madrid, en un 52,24 por ciento en Barcelona, en un 99,62 por ciento en Valencia, en un 82,30 por ciento en Palma de Mallorca y en un 80 por ciento en Bilbao".

Así, la peor situación, la de mayor congestión, se encuentra en en Cataluña, donde hay 56.582 procedimientos (22.499 en juzgados de Ejecutoria), seguida de la Comunidad Valenciana, con 39.868 (15.929); la Comunidad de Madrid, con 37.476 (10.020); País Vasco, con 7.571 (6.200) y Baleares, con 10.127 (2.086).

Estas cinco comunidades son las únicas que cuentan con órganos especializados que ejecutan sentencias y, por tanto, descargan a los juzgados de lo Penal de gran parte del trabajo, como es revisar todas las decisiones judiciales que se adoptan.

Según el documento del Servicio de Inspección del CGPJ, las principales causas de estos retrasos es la "elevadísima" movilidad de los funcionarios -lo que ha provocado plantillas con la mayoría de personal interino-, falta de experiencia del personal y cierta descoordinación entre el personal titular a la hora de desarrollar su actividad.

También resalta el documento que el equipo rector de cada uno de los órganos analizados está constituido por un único magistrado y un único secretario judicial, lo que considera como "claramente insuficiente". A su juicio, las distintas medidas de refuerzo y la ausencia de un sistema informático que permita controlar las distintas fases procesales de las ejecutorias son otras de las circunstancias que han contribuido a mantener la situación de congestión. De todas modos, el Servicio de Inspección aclara que estos datos suponen una "cierta mejora" en la Justicia respecto a 2005. Concretamente, se ha producido una disminución de un 23,1 por ciento en Madrid, un 25,9 en Barcelona, un 21,5 en Valencia y un 23,7 por ciento en Bilbao.

El Servicio de Inspección recoge una bateria de propuestas para que mejore el funcionamiento y la celeridad de los juzgados. En ésta se puede ver unas medidas de refuerzo, como la concesión de una comisión de servicios para aliviar la carga de trabajo. También considera necesario facilitar al personal la formación necesaria para desempeñar su trabajo con calidad y garantía exigible e implantar un sistema informático de gestión procesal y un sistema de oficina judicial para los Juzgados Penales de Ejecutorias.

La conclusión final del informe del CGPJ es contundente: "Es necesario implantar toda una batería de medidas tendentes a obtener la plena normalización de estos órganos, a fin de adecuar su función jurisdiccional a los principios constitucionales de Tutela Judicial Efectiva y a un proceso público sin dilaciones indebidas".

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