Los datos sobre los retrasos judiciales no son buenos pero tampoco irremediables. Desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sacara a la luz un informe que evidenciaba tal atasco, con 270.000 sentencias pendientes de ejecutar, la opinión pública puso el grito en el cielo, aunque desde el Ministerio de Justicia y desde la judicatura se intenta amainar la tormenta.

Aunque desde ambas instancias se reconocen deficiencias y lentitud en el sistema, la Administración y los colectivos de jueces se niegan a hablar de colapso.

El primero que negó la pésima situación de la Justicia fue el ministro Mariano Fernández Bermejo. Pero no es el único. Las asociaciones de jueces consideran que no se acoge a la realidad la imagen de colapso de los tribunales. El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, sostiene que se ha hecho una lectura "equivocada e interesada" de los datos del CGPJ porque la cifra de 270.000 sentencias sin ejecutar -es decir, guardadas en el cajón-, no se ciñe a la verdad. En este dato se cuenta con las sentencias que se están ejecutando. Es decir, si un preso está cumpliendo tres años de cárcel, hasta que no se excarcele ese expediente no queda cerrado y hasta entonces consta como pendiente. A su juicio, en realidad, las sentencias pendientes no son ni la mitad de las que aparecen en el informe.

Para el magistrado, la prueba de que la Justicia funciona y no está estancada la ofrecen las cifras de Instituciones Penitenciarias, que demuestran la "inmensa" cantidad de gente que ingresa en las cárceles españolas. Por eso, Tapia entiende que no se puede hablar de colapso, aunque sí de preocupación.

Tapia apunta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como otro de los factores a tener en cuenta. Aunque un juez dicte una orden de busca y captura de una persona para que ingrese en prisión, si la Policía no le busca o no le encuentra, no sirve de nada.

El portavoz de JpD justifica el trabajo de la Policía y es que tienen otras prioridades. Y el problema siempre radica del mismo punto: el dinero. El Gobierno no está dispuesto a invertir para que pueda haber un número de policías que se dediquen en exclusiva a buscar a prófugos. Mientras tanto, se limitan a los controles rutinarios o a detenerles por azar.

Sin embargo, el portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García Martínez, cree que lo primordial es sanear las infraestructuras y modernizarlas. A su juicio, los medios que emplean en los juzgados y tribunales son "anacrónicos y obsoletos".

El magistrado tampoco está de acuerdo con el adjetivo colapsado para la Justicia y critica que haya saltado ahora a la palestra tras el caso Mari Luz, cuando lleva "muchísimos" años con un "severo y serio retraso".

Pero no cree en ningún caso que sea objetivo decir que la Justicia es caótica y que no valga para nada. "La Justicia cumple un papel, sigue garantizando los derechos de los ciudadanos, pero no lo presta es los términos de rapidez, urgencia, eficacia y eficiencia como se reclama", subraya el portavoz de la APM.