El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha reabierto el caso contra el alcalde de la localidad vizcaína de Arrigorriaga, Alberto Ruiz de Azúa, por mantener el nombre del etarra José Miguel Beñarán, Argala, en una plaza, tal y como le obligó la Sala, y ha ordenado una serie de diligencias. La primera, que el juez de paz del municipio tome declaración como imputado al edil.

El magistrado solicita también a la Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza que realicen un informe en el que se corrobore la militancia y pertenencia a ETA de Argala, así como su historial delictivo. También pide a las Fuerzas de Seguridad que le comuniquen si existen otros monumentos, plazas o calles en Arrigorriaga dedicados a etarras.

Argala, natural de ese municipio vizcaíno, participó en el atentado en el que murió el almirante Carrero Blanco y, tras ser asesinado en 1978 en Anglet (Francia) por el Batallón Vasco Español, la corporación local de Arrigorriaga puso su nombre a la plaza principal del municipio.

El criterio de la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, al ordenar a Pedraz que investigue si es delito dar el nombre de un etarra a una calle, no se ha visto ratificado en otras decisiones del tribunal. Sin ir más lejos, la sección cuarta confirmó el lunes el archivo de una querella contra el alcalde de Amorebieta (Vizcaya) por no retirar el nombre de una calle dedicada a dos etarras ejecutados en 1975, al estimar que no había incurrido en ningún delito porque la decisión se aprobó en un pleno del Ayuntamiento en el que no intervino el alcalde.