El Gobierno impulsará la reforma de la Ley Electoral y de la Constitución

  • Pedirá un informe al Consejo de Estado para cambiar el marco electoral y promoverá el "consenso" para modificar la Carta Magna en cuatro puntos · De la Vega fija los objetivos para la legislatura

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El Gobierno pretende llevar a cabo varias reformas de calado a lo largo de esta legislatura. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer, ante la Comisión Constitucional del Congreso, las líneas generales de la acción de gobierno durante los próximos cuatro años que incluirán la vuelta a su plan para reformar la Constitución en cuatro puntos y promover cambios en la Ley Electoral, tal y como reclaman formaciones como IU o UPyD. La vicepresidenta se comprometió, además, a trabajar para preservar los derechos fundamentales individuales y la libertad religiosa frente a "hechos y decisiones acaecidas en los últimos meses", que "han podido mermar" el ejercicio de estos derechos.

En su comparecencia, De la Vega recordó que la reforma de la Constitución no fue posible la pasada legislatura por "falta de consenso". Por ello, el Gobierno recabará "el consenso necesario" para llevar a cabo una reforma de la Carta Magna "necesaria, justificada y demandada por una nueva realidad política y social". En cualquier caso, será una reforma "pactada y limitada" a cuatro puntos: hacer del Senado una verdadera Cámara de representación territorial, incorporar a la Constitución la denominación de las comunidades autónomas, garantizar la igualdad de género en el acceso a la jefatura del Estado, e incorporar una alusión al Tratado de Lisboa.

La vicepresidenta añadió que el Gobierno ya dio pasos para esta reforma con la solicitud de un informe del Consejo de Estado. En dicho informe, el Consejo de Estado advirtió que incluir los nombres de las autonomías implicaría modificar varios artículos de la Carta Magna, recomendaba fijar un techo de competencias autonómicas para evitar "tensiones perjudiciales para la vida del Estado" y planteaba reducir en al menos 25 el número actual de senadores, así como hacer coincidir su elección con los comicios autonómicos.

Al respecto de la reforma de la Ley Electoral, De la Vega señaló que el presidente dijo en su investidura que promoverá de inmediato la creación de una subcomisión para evaluar "posibles cambios" en la Ley Electoral "buscando siempre el acuerdo y el mayor consenso posible". En esta misma línea, solicitará "con carácter inmediato" un informe al Consejo de Estado que será remitido a la subcomisión para que lo use como "herramienta de trabajo", lo que fue bien recibido por los partidos minoritarios.

Además, la vicepresidenta aseguró que el Gobierno revisará la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para "seguir avanzando y alcanzar la condición de laicidad que la Constitución otorga a nuestro Estado" y para adecuar esa norma "a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso". A este respecto, advirtió que el Gobierno trabajará para preservar los derechos fundamentales individuales, concretamente a la intimidad, la confidencialidad y la salud y la libertad religiosa frente a "hechos y decisiones acaecidas en los últimos meses" que "han podido venir a mermar las garantías en el ejercicio" de alguno de estos derechos.

Concretamente, hizo alusión al "caso de mujeres que vieron peligrar su derecho a la intimidad" en el ejercicio de su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la suscripción de un convenio por el que el Servicio de Asistencia Religiosa Católica pueda formar parte del Comité de Ética de Cuidados Paliativos en la Comunidad de Madrid. El Gobierno estará atento "a toda vulneración de ese ámbito", dijo.

La comparecencia de De la Vega provocó el primer rifirrafe con el PP, cuyo portavoz en la Comisión Constitucional, Federico Trillo, dio una primera pista de cuál será la posición en torno a la reforma de la Ley de Libertad Religiosa. "Se lo digo como católico, dejemos las cosas como están".

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