La corrupción salpica al pp La investigación adquiere nuevas dimensiones

Garzón imputa al tesorero del PP y a un eurodiputado en la red de corrupción

  • El magistrado pregunta a Anticorrupción si debe inhibirse de la investigación en favor del Supremo · Garzón desmiente que el portavoz de Comunicación popular esté implicado

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El caso Gurtel podría adquirir nuevas y mayores dimensiones. Apenas dos horas después de haber sido demandado por prevaricación por el PP, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, respondió con más imputaciones en la investigación sobre la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa, que el magistrado investiga. En una providencia, Garzón aseguró la existencia de pruebas que implican al menos a dos parlamentarios nacionales del PP.

Durante estos últimos días el baile de nombres asociados a esta trama ha sido continuo, apuntando a altos cargos del partido y a eurodiputados. Lo cierto es que el propio Garzón desmintió ayer de manera "rotunda" uno de los nombres que se puso en circulación, el del portavoz del PP, Esteban González Pons. Según manifestó el juez a través del gabinete de prensa de la Audiencia Nacional, la revelación que implicaría a Pons "carece de fundamento". Fuentes cercanas al magistrado no ocultaron el malestar del juez ante las filtraciones del sumario.

En cualquier caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 no desmintió otros dos nombres que salieron a la palestra poco después. Se trata del senador del PP por Cantabria y actual tesorero nacional, Luis Bárcenas, y del europarlamentario del PP Gerardo Galeote. Correa, el cerebro de la trama, implicó a Bárcenas en el cobro de cantidades millonarias para el partido relacionadas con supuestas adjudicaciones desde el Ministerio de Fomento, que dirigía Francisco Alvarez Cascos. Las acusaciones de Correa quedaron registradas en las conversaciones grabadas por la persona que denunció el caso.

En una breve providencia de apenas 16 líneas, que hizo pública el juez, Garzón asegura que la Policía le presentó un nuevo informe el pasado martes, en el que se indica que en la causa estarían implicados nuevos aforados, aunque el juez no da nombres.

Estos nuevos datos cambian las reglas del juego y la investigación, que en un principio iba a pasar a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, provincias en las que se han cometidos supuestamente los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho. Con estas nuevas informaciones el caso podría ahora derivarse al TS.

Por eso mismo, Garzón, a la luz de esta documentación, solicita a la Fiscalía Anticorrupción que informe cuál es el tribunal competente para encargarse del caso a partir de ahora. Así, pide al fiscal que en un plazo de 48 horas señale si mantiene su petición de inhibición a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia y Madrid, como había pedido, o si considera más procedente realizar una única inhibición ante el Supremo.

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el magistrado tiene un plazo de tres días desde el conocimiento de la implicación de aforados en una causa hasta su inhibición. Es decir, Garzón deberá resolver como muy tarde el viernes si envía la totalidad de las actuaciones al TS o si, de lo contrario, sólo envía la parte que implica a los aforados nacionales y remite el resto a los TSJ de Madrid y Valencia.

El escrito de Garzón sugiere también que los hechos que implican a los aforados del TS están conectados con los atribuidos indiciariamente a aforados de la Comunidad de Madrid, que están siendo investigados por esta misma causa.

En la resolución, Garzón se refiere en plural a "aforados de Valencia, de Madrid y ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", de lo que se deduce que las personas sujetas a fuero e implicadas en la causa son al menos seis.

En la causa hay imputadas hasta el momento 37 personas, entre las que se encuentran los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente. Garzón investiga una presunta red de corrupción y tráfico de influencias que habría ofrecido "dádivas y sobornos" a funcionarios y autoridades de administraciones del PP en Madrid y Valencia a cambio de favores políticos.

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