Crisis en Cataluña

La Fiscalía quiere imputar a la anterior cúpula de los Mossos

  • El ministerio público solicita que la investigación a Trapero por sedición se amplíe a otros dos de sus mandos por abstenerse de preparar un plan para impedir la celebración del 1-O

El ex president Puigdemont y el ex mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

El ex president Puigdemont y el ex mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. / marta pérez / efe

La Fiscalía ha pedido ampliar la investigación por sedición en relación al 1-O a la cúpula de los Mossos que entonces integraban, además del mayor Josep Lluis Trapero, su superior, el director Pere Soler, y el ex secretario general de Interior César Puig.

En un escrito remitido a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que ya ha citado para mañana como investigado a Trapero por un delito de sedición en relación al 1-O y que pudiera sumarse a otro de organización criminal, la Fiscalía reclama imputar a Soler y Puig, segundo del ex conseller Joaquim Forn, por su "decisiva actuación en los hechos objeto del procedimiento" que hasta ahora se había ceñido al asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre.

El juez Llarena sitúa a Rovira en el mascarón de proa del 'procés' por su capacidad "decisoria"

La Fiscalía, tras recabar informes, constata ahora que la inacción de los Mossos el 1-O "siguió la pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquín Forn -ex conseller de Interior y que se encuentra en prisión-, Pere Soler Campins, director de los Mossos, y en la medida correspondiente César Puig".

"No consta que ninguno de ellos llevase a cabo actuación alguna para evitar el referéndum, sino más bien al contrario", asegura en su escrito de 30 folios el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, que apunta a la inexistencia de "un verdadero dispositivo orientado a impedir la celebración del referéndum".

La Fiscalía, que enumera 22 actos concretos de esa inacción, considera que ello fue "clave para el logro de los fines del proceso independentista" y obligó a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "en un marco de oposición y resistencia perfectamente organizado, que dificultó sobremanera el cumplimiento de las órdenes" dadas por el TSJC para impedir la votación.

A su juicio, todo formaba parte de "una premeditada estrategia perfectamente coordinada, con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, incluidas las policiales parlamentarias y civiles, principalmente a través de asociaciones independentistas, como ANC y Ómnium" y recuerda el relevo que hubo en julio en la cúpula de Interior y de los Mossos ante el abandono de altos cargos reticentes con ese plan.

De este modo "el concurso de voluntades entre todas las personas que integran dicha organización" permitió la celebración del 1-O y la posterior declaración de independencia el 27 de octubre.

Siendo de "especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos d'Esquadra", ya que "su capacidad investigadora e 'intimidatoria' al servicio de la organización y de los fines independentistas era, y fue, imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum".

También está en el ojo del huracán judicial sobre el procés la diirgente de ERC Marta Rovira. El juez del Supremo Pablo Llarena basa la fianza de 60.000 euros a pagar en 10 días y la obligación de comparecer cada quincena ante los tribunales que la impuso en su capacidad "decisoria".

En un auto notificado ayer, el juez apunta que Rovira tenía "capacidad decisoria" en la concepción del procés y en la organización del referéndum ilegal y participó en las reuniones para dirigir el proceso soberanista, todo ello según intervenciones telefónicas y el documento EnfoCats y la agenda incautados a Josep María Jové, la mano derecha del ex vicepresident y líder de ERC Oriol Junqueras.

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