La situación que se vive en el área municipal de Bienestar Social es, cuando menos, preocupante. El pleno municipal ordinario que se celebrará este miércoles, 5 de mayo, abordará en el número 10 de su orden del día una propuesta conjunta suscrita por el grupo municipal del Partido Popular y el de Ciudadanos, instando al equipo de gobierno a crear una comisión especial de investigación acerca de los hechos denunciados por el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento a finales del pasado mes de mayo.

En aquella denuncia lanzada por los trabajadores se hablaba, entre otras cosas, de presiones, filtraciones e incluso agresiones por parte de algún edil de la Corporación, asuntos que vienen detalladamente recogidos en un dossier entregado el pasado 7 de abril por la plantilla de la Concejalía al alcalde, David de la Encina, y al concejal del área, Ángel M.González, a través del registro municipal.

En dicho dossier, al que ha tenido acceso este periódico, se detallan algunas de las situaciones que se han ido sumando en estos últimos meses para que el malestar entre los trabajadores del área sea notorio, algo que no se calmó con la tibia declaración institucional leída en su defensa por el equipo de gobierno en el último pleno municipal ordinario.

En el documento remitido al alcalde y al edil de Bienestar Social se detallan, por ejemplo, las continuas campañas de desprestigio y de tergiversación de su labor que se viene realizando por parte de algunos colectivos, campaña que viene detallada con extractos de publicaciones en redes sociales y que hacen ver la figura del trabajador social como un enemigo del usuario, cuya labor es básicamente torpedear la recepción de las ayudas.

En el dossier se relatan hechos muy graves, como el de la filtración de un correo interno a través del whatsapp a una usuaria del servicio que solicitaba una ayuda, un correo que desmentía parte de una información que esta había facilitado a la trabajadora social. Este whatsapp llegó a manos de la usuaria, que acudió a pedir explicaciones a la trabajadora entre gritos y amenazas mientras que estaba atendiendo a otra persona. La trabajadora relató lo sucedido directamente al alcalde a través de un correo electrónico que se recoge también en el dossier, asegurándole haber sentido "una total indefensión", además de "la vulneración de mi derecho a la intimidad".

Esta filtración, según todos los indicios, le llegó a la usuaria por parte de una fuente necesariamente municipal.

En cuanto a los insultos denunciados, se alude en el dossier a las expresiones lanzadas contra un trabajador municipal por parte de un edil de Levantemos que acompañaba a un usuario a una reunión.

Otra de las circunstancias que se detallan es la falta de medios que sufre el área, y que obliga a los trabajadores a compartir impresores, ya que algunas de las que tienen en cada dependencia, que fueron donadas por la Junta de Andalucía, carecen de suministros por falta de recursos. Al ausentarse el trabajador momentáneamente para recoger los documentos impresos, en muchas ocasiones ha de dejar solos en el despacho a los usuarios, momento que alguno de ellos ha aprovechado para hacer fotos de material interno al que después se ha dado un uso indebido, ya que se trata de documentos "robados" que dan una visión "simplista y deformada de las ayudas de emergencia social", lamentan los trabajadores del área.

La plantilla, en su escrito dirigido al alcalde y al concejal del área, manifiesta "nuestra enorme preocupación por los continuos ataques, presiones, críticas y descalificaciones a nuestra labor profesional" y califican de "dura y penosa" su labor, "que diariamente ejercemos con la mayor profesionalidad y legalidad posible, a pesar de la carencia de medios y recursos humanos, materiales y técnicos que padecemos los servicios sociales municipales desde hace años".

La plantilla pide medidas para evitar que se vuelva a vulnerar la privacidad de las comunicaciones y documentos internos, así como evitar "en la medida de lo posible seguir ofreciendo cobertura institucional a personas y/o colectivos de dudosa constitución formal y/o legal, que no representan a la ciudadanía para la que trabajamos", aseguran.