El Área de Urbanismo del Ayuntamiento ha instado a los propietarios de viviendas de los diseminados ilegales a que no procedan a la ejecución de obras de urbanización en sus núcleos. La edil Patricia Ybarra recordó que estas obras no pueden ser autorizadas por el Ayuntamiento ya que son suelos catalogados actualmente como no urbanizables, aunque en el nuevo Plan General esté previsto su regularización.

El último caso detectado ha sido el del Pago de San Antonio, en la Variante de Rota, que fue denunciado hace tres semanas por el colectivo Ecologistas en Acción. El Ayuntamiento decretó dos órdenes de paralización de unas obras de urbanización que habían sido contratadas por la asociación de propietarios del diseminado que no tenían autorización municipal. El pasado viernes, este medio pudo constatar que los trabajos continuaban aunque a un ritmo menor que a principios de semana (Ybarra aseguró esa mañana que se habían paralizado).

Ahora, el Ayuntamiento deberá continuar con los expedientes sancionador y de protección de la legalidad contra los promotores de las obras, esto es, contra los propietarios. Los trabajos habían sido encargados a la empresa Suralmaq. Una vez se resuelvan estos expedientes, y si se aplica la ley a rajatabla (Ybarra dijo el pasado viernes que se seguiría con la tramitación pertinente), sobre los propietarios deberá recaer una importante sanción económica además de obligarles a restituir la legalidad, esto es, a levantar de nuevo los viales para sacar las canalizaciones instaladas en las obras ilegales de urbanización. No obstante, los promotores tienen posibilidad de recurrir las previsibles sanciones.

La edil de Urbanismo aconsejó a los propietarios de viviendas ilegales que "no den dinero" para obras de urbanización en sus diseminados ya que estos trabajos no sólo no están autorizados sino que tampoco supervisados por el Ayuntamiento. Esto puede ocasionar que, cuando el Consistorio decida promover la regularización de estos núcleos, se compruebe que las obras que se han realizado ilegalmente no sean acordes con la normativa municipal o bien no sirvan para la planificación urbanística de la zona por lo que se deberían volver a hacer.

A pesar de que fueron necesarias dos órdenes de paralización, el Gobierno Municipal no estimó conveniente precintar las obras, una medida que le permite la Ley de Suelo. Ybarra alegó que ésta tiene poca efectividad porque se puede incumplir fácilmente.