La Concejalía de Urbanismo ha intensificado sus acciones para conseguir que el centro histórico esté en un óptimo estado de revista de cara a los próximos meses de verano. Con un conjunto urbano que parece desmoronarse por falta de mantenimiento de sus edificios, gran parte de los cuales pertenecen a entidades bancarias o a sus filiales inmobiliarias, la Administración local ha optado por aplicar los instrumentos a su alcance para que la ciudad histórica no se venga abajo, instando a los propietarios a mantener casas y fincas en buenas condiciones, todo ello, como afirma el concejal de Urbanismo, Ángel Quintana, para preservar la legalidad urbanística. Todo ello incidiendo en el casco histórico, aunque sin dejar de lado el término en su conjunto.

Desde el Servicio de Disciplina Urbanística existen dos instrumentos para obligar al mantenimiento de los inmuebles de la ciudad y garantizar la estabilidad de estructuras y fachadas: las multas coercitivas y la ejecución de obras de forma subsidiaria.

Muchos procedimientos administrativos relativos al casco histórico se están resolviendo ahora y otros están derivando en apercibimientos para que los titulares intervengan, reparen las fachadas y tomen medidas para garantizar la estabilidad de las fincas, en una ciudad turística y monumental donde han proliferado las vallas en las aceras para preservar la seguridad de los peatones, ofreciendo una imagen de deterioro muy negativa para posibles inversiones.

De esta forma, se han intensificado las inspecciones de la Policía Urbanística, que están dando origen a decretos que obligan a actuaciones como en la finca de la calle Postigo, 17, donde el Ayuntamiento, por medio del concejal Ángel Quintana, ha requerido a la propiedad para que efectúe una intervención urgente en el plazo de 15 días, para reparar y resanar la fachada del edificio y adopción de medidas para garantizar la estabilidad de la casa ante el riesgo de desplome que presenta. La finca es propiedad de la filial inmobiliaria de una entidad bancaria, y, como tantas otras en la ciudad, está cerrada, deshabitada y en estado de abandono, según comprobaron los agentes de Policía Local adscritos al Servicio de Disciplina Urbanística. Además, el inmueble presenta grietas, desprendimientos de fachada y la caída de una parte de la cubierta.

El último reconocimiento técnico se hizo el pasado 4 de enero, "comprobándose el elevado deterioro que sufre la finca, con los elementos metálicos muy oxidados y manchas de humedad que ponen en riesgo la estabilidad del edificio". En casos como este, el Ayuntamiento puede imponer hasta 10 multas coercitivas si la propiedad incumple de forma injustificada los requerimientos de Urbanismo, el deber de conservación, iniciar el proceso de expropiación del inmueble o actuar de forma subsidiaria, en este caso por valor de 26.680 euros.

En otros casos, como en la finca situada en la calle San Bartolomé esquina Valdés, ya se han comenzado a imponer multas coercitivas para que la propiedad intervenga en la reparación y resanado de los muros de fachada. No obstante, en varias bodegas, como la antigua 501, la propiedad sí ha actuado, y en otros casos hay expedientes abiertos a edificios monumentales a los que la propiedad deberá dar respuesta, como en la Casa de las Cadenas o el palacio de Roque Aguado.

También el Ayuntamiento debe mantener en buen estado sus propios edificios y reparar los desperfectos registrados por el reciente temporal en inmuebles municipales, en lo que ya se está trabajando a través del Departamento de Arquitectura.

Ángel Quintana ha informado de que existe una instrucción específica de Alcaldía para poner en buen estado de revista el centro a la espera de inversores, e incluso para que se elabore un Plan de Inspección Disciplinaria. Todo ello se hace necesario mientras no entre en vigor el Plan Especial del Conjunto Histórico (Peprichye), al que el Ayuntamiento espera dar un impulso importante en los seis próximos meses.