Ecologistas en Acción ha querido responder a las declaraciones del PP realizadas a raíz de que el Juzgado Número 2 de El Puerto emitiera un auto por el cual se archivaba la causa que se seguía a instancias de los ecologistas contra el exalcalde Enrique Moresco y la exconcejala de Urbanismo Patricia Ybarra, por supuesta pasividad a la hora de luchar contra las construcciones ilegales.

Ecologistas en Acción recuerda que en el año 2012, después de tener la certeza de la paralización de numerosos expedientes de protección de la legalidad urbanística "y de la falta de actuación contra el urbanismo ilegal, sobre todo en zonas de especial protección", puso en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente hechos documentados por si fueran constitutivos de infracción penal. Subrayan los ecologistas que es la Fiscalía quien "a resultas de las investigaciones previas realizadas e interpretando que existían indicios delictivos, decidió interponer denuncia ante el juzgado de instrucción contra responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento de aquella época".

"Recientemente -añaden-, el Juzgado ha procedido al sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto a dos de los responsables políticos encausados y la continuación del procedimiento respecto al resto, denegando el archivo solicitado e interpretando que existen indicios delictivos de los hechos de los que pudieran ser responsables los encausados". Los ecologistas se refieren en concreto al también exconcejal de Urbanismo con el PP, Diego Muñoz, y a un técnico municipal, contra quienes la causa penal sigue abierta.

Los ecologistas defienden que están en su derecho de poner en conocimiento de Fiscalía unos hechos presumiblemente delictivos, "independientemente de quien resulte o no responsable, máxime cuando se le advirtió en numerosas ocasiones al Ayuntamiento y no se actuó". La imputación o el archivo de causa, así como la posible condena penal si se produce, "lo deciden los jueces y desde Ecologistas lo respetamos". No obstante, subrayan, "las irregularidades urbanísticas que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía son ciertas, como lo han demostrado las diligencias de Investigación de la Policía Judicial, y se llevaron a cabo en los años en los que la competencia sobre el urbanismo la ostentaba Enrique Moresco como alcalde y Patricia Ybarra como concejala de Urbanismo. La responsabilidad no solo es penal sino moral y política por el perjuicio que se ha ocasionado a El Puerto por este urbanismo ilegal descontrolado que ha hipotecado el futuro de la ciudad". Por lo tanto, entienden que "es el PP quien debe pedir perdón por no haber actuado lo suficiente en su etapa de gobierno, y no Ecologistas en Acción".

Además los ecologistas insisten en que existe un auto de continuación del procedimiento penal contra dos de los presuntos responsables, "que es muy claro cuando indica que entre 2008 y 2012 se efectuaron construcciones en terrenos no urbanizables o de uso agrario que determinó que se iniciaran expedientes administrativos por infracción de la legalidad urbanística", y que no se ejecutaron.