El equipo de Gobierno y miembros del Consejo de Administración de Impulsa El Puerto abordaron ayer los pasos a seguir en el procedimiento iniciado por la empresa municipal tras haber solicitado, previo acuerdo en el consejo de administración, el pre concurso de acreedores para la sociedad.

Hace algunos días, la mayoría de los miembros del Consejo de Administración acordaba contratar los servicios profesionales del Bufete Cosano para el asesoramiento mercantil y laboral durante el proceso, la elaboración de un plan de viabilidad y la reestructuración de la plantilla.

En la reunión mantenida ayer se explicó el objeto de este contrato, que estará disponible en la web municipal para poder ser consultado en los próximos días y que tendrá un coste de 12.000 euros más IVA.

Según ha manifestado el Ayuntamiento, Impulsa se enfrentará, de esta manera, a la situación pre concursal "de la mano de un bufete de reconocido prestigio y amplia experiencia en estos temas, con la expectativa y el objetivo de conseguir reestructurar la deuda que tiene la entidad y convertir a Impulsa en una empresa viable y saneada, con nuevas actividades y fuentes de ingreso".

Ayer se reunieron en el Ayuntamiento precisamente para establecer un calendario conjunto ante esta situación.

Cabe recordar que Impulsa decidió presentar voluntariamente el pre concurso de acreedores el pasado mes de julio, "dada la difícil situación de liquidez que sufre la empresa tras años de despilfarro durante mandatos anteriores", según ha lamentado el actual equipo de Gobierno.

Así las cosas, el Bufete Cosano trabajará de manera coordinada con el Consejo de Administración de Impulsa para conseguir esos objetivos tratados y consensuados en el propio Consejo.

El consejo de Administración de Impulsa está presidido por el concejal Ángel Quintana y el alcalde David de la Encina como vicepresidente, ambos del PSOE; y está integrado además por Ignacio García de Quirós como consejero socialista, Alberto Rodríguez (IU), Manuel Maraver (Ciudadanos), la concejala María José Marín y Antonio Rojas (Levantemos), así como Santiago Feberero y Carlos Campoy, ambos en representación de la Asociación de Empresarios de El Puerto. Los dos representantes que tenía el Partido Popular en dicho organismo abandonaron sus cargos de consejeros de las empresas municipales hace unos meses.

La decisión de instar la declaración del preconcurso de acreedores fue tomada por el consejo de administración tras analizar un informe externo realizado por el bufete de abogados Martínez Escribano, ante la situación patrimonial y económica que atraviesa la empresa, cuyo saldo en el año 2016 arrojó unas pérdidas que se elevan a 11,2 millones de euros.