Fiscalía remite al Juzgado los casos de Los Perales, Montes de Oca y Siete Pilas

  • La decisión se adopta teniendo en cuenta el dictamen final de la Comisión Municipal de Investigación sobre Viviendas Ilegales remitida al fiscal de Medio Ambiente por el grupo municipal de Izquierda Unida

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La fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Angeles Ayuso, ha enviado al grupo municipal de Izquierda Unida un decreto firmado por el fiscal de Medio Ambiente, Angel Núñez, mediante el cual se comunica que a raíz de tener conocimiento del dictamen final de la Comisión Municipal de Investigación sobre Viviendas Ilegales -remitido a Fiscalía por IU- se ha decidido enviar a los juzgados portuenses tres asuntos sobre los que hasta ahora no se había iniciado investigación judicial alguna. Se trata de la construcción de catorce viviendas en Los Perales, en suelo no urbanizable, constando al parecer -dice el fiscal- "certificaciones referentes a la supuesta antigüedad de las edificaciones que no se ajustan a lo que demuestran ortofotos disponibles de los años 2000 a 2004, por lo que aparecen indicios de delitos sobre la ordenación del territorio y falsedad en documento oficial". Ángel Núñez tiene abiertas diligencias por los casos de Obra Nueva con certificados falsos detectados en Chiclana y El Puerto. Otros procedimientos similares ya son objeto de procedimientos separados a raíz de la macrodenuncia presentada en 2006 por Ecologistas en Acción (construcciones ilegales en Pinar del Obispo y Los Desmontados; el uso irregular del acuífero por parte del parque acuático; el riego para la ampliación del campo de golf de Vistahermosa; la explotación de la cantera de la Sierra; el incumplimiento del convenio para el deslinde de cañadas; y la gestión del patrimonio de suelo municipal). Por su parte, IU remitió a Fiscalía otra denuncia, tras el informe del Tribunal de Cuentas, tras la que se abrieron diligencias por la venta de terrenos y naves en el polígono de San José Bajo y en La Isleta.

El fiscal considera que "tampoco ha sido objeto de investigación lo referente a las construcciones llevadas a cabo en las Siete Pilas, en las inmediaciones de una cañada pública, y en la zona de Montes de Oca". Por ello Núñez considera que "en estos tres casos procede la oportuna investigación judicial a efectos de depurar las responsabilidades a que haya lugar tanto de los autores de las obras (promotores, constructores y técnico-directores) como en su caso, de los responsables municipales a fin de esclarecer las conductas delictivas que pudieran haber tenido lugar". El decreto ordena por tanto la remisión de las diligencias, con carácter de denuncia, al Juzgado de Instrucción Decano de El Puerto para que se proceda a la incoación de diligencias previas.

El parlamentario andaluz de Izquierda Unida Ignacio García, que dio a conocer ayer el decreto, considera que el caso de las catorce viviendas de Los Perales es "calcado" a lo ocurrido en la operación Obra Nueva, incluso "con posibles implicaciones municipales", dijo. García expresó su satisfacción por la decisión del fiscal, que sirve "para desenmascarar lo que ha sido la vida política de El Puerto".

El caso de los catorce chalés de Los Perales fue uno de los abordados por la comisión de investigación cuyo trabajo concluyó en marzo de 2007. Estas obras, levantadas en suelo no urbanizable, fueron denunciadas por Serecop el 12 de mayo de 2005, estando ya prácticamente terminadas. Ese mismo día se emite decreto de suspensión de obra y el 30 de mayo se ponen los hechos en conocimiento del juzgado. El 2 de junio de 2005 la Policía Local precintó nueve chalets ya terminados y no precintó el resto al estar habitados. El 14 de junio el entonces edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez (que estuvo presente en el precinto de las casas) ordenó su levantamiento a espaldas del jefe de servicio -según el dictamen de la comisión- y justificó su decisión en que los chalés a los que se había retirado el precinto estaban habitados y que los vecinos "habían sido engañados por el vendedor y tenían sus enseres dentro".

En el caso de Montes de Oca, el dictamen de la comisión señalaba que "las actividades constructivas se han incrementado de forma notoria a partir del año 2003" sin cesar en adelante, detectándose también la construcción de nuevos viales. Mientras, en el caso de Las Siete Pilas se detectaron parcelaciones incluso sobre una antigua escuela rural, propiedad del municipio, que fue demolida entre los años 2004 y 2005.

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