"Al Ser una ley y un derecho, si no hay dinero habrá que buscarlo", con estas palabras definió ayer la delegada provincial de Asuntos Sociales, Manuela Guntiñas, la labor que se está llevando a cabo en la provincia de Cádiz para aplicar la Ley de Dependencia que entró en vigor el pasado uno de enero y que afecta actualmente a 655 personas en el Puerto de Santa María.

La delegada hizo hincapié en que se trata de un proceso lento en el que paulatinamente se intentará atender a todas las solicitudes, aunque explicó que el proceso de valoración y baremo de cada caso es "largo y complicado" porque intervienen las administraciones autonómicas, provinciales y municipales.

El itinerario que ha de seguir el solicitante del Plan Individual de Asistencia (PIA), para que su caso sea estudiado, debe pasar por la delegación provincial de Asuntos Sociales con un informe médico que, aunque no definitivo, será crucial a la hora de calificar el grado de dependencia del interesado. Una vez recibida tal solicitud es Asuntos Sociales quien se encarga de enviar técnicos y trabajadores sociales al domicilio en cuestión para determinar la urgencia de tal servicio.

Según indicó Manuela Guntiñas, hay tres grados de dependencia: gran dependencia, severa y moderada. En este sentido, la delegada aclaró que la prioridad asistencial la tienen los individuos que presentan gran dependencia, número que asciende en la ciudad portuense a 159 personas, de las cuales 31 están consideradas como nivel 1y con derecho a una respuesta inmediata.

Manuela Guntiñas se mostró muy satisfecha con el trabajo realizado y destacó que Cádiz es la primera provincia, a nivel estatal, en realizar informes y expedientes de la situación de los demandantes.

"La ley estrella", como así la calificó la delegada por tratarse de una realidad que afecta a todos, tiene como fecha límite, para estar en "pleno funcionamiento", el año 2015. Hasta ahora se han invertido 12.000 millones de pesetas y se estiman otros 12.000.