Desde el comienzo de su elaboración la Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público ya provocó bastante polémica y varias alegaciones que desembocaron en innumerables modificaciones en su redacción. Una vez finalizada y aprobada la norma, después de una larga elaboración, dicho reglamento entró en vigor en 2012.

La polémica ante sus artículos venía suscitada en gran parte por lo referente a la prostitución, un asunto que en España aún sigue contando con un vacío legal y que en El Puerto llevaba de la mano varias quejas y denuncias de los vecinos de zonas como la entrada de Valdelagrana, exteriores del estadio José Cuvillo, calle La Rosa y los aledaños a la estación de Renfe y el parque de la Victoria.

Las prostitutas sancionadas no eran derivadas a Bienestar Social para ser atendidasSegún el edil de Seguridad, "se regularán los artículos no recogidos en otras leyes"

En teoría los artículos hacían especial hincapié en la prohibición de dicha actividad en lugares públicos y cerca de centros educativos como es el instituto Pedro Muñoz Seca o el colegio la Salle. Además en los apartados referidos a las sanciones, se dictaba que las mujeres que fueran amonestadas serían derivadas a las dependencias de Bienestar Social para mejorar así su calidad de vida.

Sin embargo, según el Informe sobre la aplicación de la Ordenanza para la Convivencia en El Puerto de Santa María que presentaba la asociación Pro Derechos Humanos, la práctica era bien distinta, ya que desde aproximadamente principios de 2014, según recoge dicho informe, se realizó un auténtico "acoso y derribo" contra estas mujeres. El informe recoge que desde 2013 a 2015 "se puede apreciar un claro endurecimiento de la aplicación de los artículos en cuestión". No obstante eran ejecutados aplicándose "posturas abolicionistas o proteccionistas" ya que las sanciones eran muy duras para estas mujeres, llegándose a acumular hasta 2.000 euros de multas y no aplicándose del mismo modo a los clientes que se beneficiaban de sus servicios.

Además la asociación alegaba que las sanciones por esta actividad eran desproporcionadas en comparación con los demás conflictos en la convivencia de la ciudad como el botellón, el cuál se ejerce en un 72% frente a la prostitución, que se realiza en un 8%.

Ante dicha "vulnerabilidad de derechos" y visto que los demás artículos que se redactan en la Ordenanza para la Convivencia ya están recogidos en otras leyes estatales, como la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, comúnmente denominada 'Ley Mordaza', el grupo Levantemos llevó como moción al pleno ordinario del pasado miércoles la derogación de este reglamento.

Cabe destacar que entre sus artículos también se recogen asuntos como la mendicidad, los actos vandálicos en el mobiliario urbano, la prohibición de ruidos que puedan perturbar el descanso de los vecinos o la utilización de los monopatines en los espacios públicos. Por ello el concejal no adscrito, Carlos Coronado, responsable en aquel entonces del área de Policía Local desde la cual se redactaron muchos de los artículos, tildaba de "error" derogar la ordenanza cuando en ella se dictamina "que se puede modificar cada dos años".

Ante este alegato, el ahora concejal de Seguridad y de Bienestar Social, Ángel M. González, rebatía al edil no adscrito afirmando que "un 90% de los artículos que recoge la ordenanza no se estaban aplicando, ya que existe una normativa superior que los regula". Por otro lado, en la bancada de la oposición, el mismo PP que apoyaba y redactaba dicha ordenanza daba su callada por respuesta, mientras que Silvia Gómez, como portavoz del grupo Ciudadanos -que apoyaba la derogación de la misma- mostraba su incredulidad con respecto a la tardanza en la supresión de este reglamento, ya que "desde 2010 los mismos partidos que están ahora en el Gobierno, y siendo David de la Encina portavoz por aquel entonces del PSOE, se mostraban contrarios a la ordenanza y hasta ahora, que estamos en 2017, no lo han hecho".

Con respecto a la insistencia de Coronado ante los artículos que no se recogen en ninguna normativa superior, Ángel M. González anunciaba que al margen de un informe de los técnicos de Medio Ambiente y Urbanismo sobre las causas y las soluciones para que no se produzcan actos vandálicos, se contratará a cinco profesionales gracias al Bono Juvenil que puedan dar alternativas ante dicho problema.

Finalmente la ordenanza quedó derogada gracias a los votos de IU, PSOE, Ciudadanos y Levantemos, con los votos en contra de Coronado y el grupo popular.