La Comisión Europea ha advertido a España de que podría verse obligada a pagar cuantiosas multas, si no cumple la sentencia de diciembre de 2006 que le obligó a recuperar las ayudas públicas "ilegales" concedidas en el País Vasco en forma de créditos y minivacaciones fiscales a empresas nuevas.

El Ejecutivo de la UE ha dirigido a España un "dictamen motivado", segunda fase del procedimiento de infracción, en el que pide a España que acate la sentencia del Tribunal de Justicia europea, so pena de ser denunciada por segunda vez, lo que conllevaría la imposición de multas coercitivas.

Casi un año después de haberle sido requerida información sobre la ejecución de dicha sentencia, "las autoridades españolas aún no han presentado pruebas claras que permitan a la Comisión determinar si se ha reembolsado la totalidad de las subvenciones ilegales", afirma la CE en un comunicado.

La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, incidió en que "es esencial la recuperación de las ayudas ilegales e incompatibles" y advirtió de que Bruselas hará todo lo necesario para garantizar la devolución.

En su sentencia de diciembre de 2006, la corte europea dio la razón a la Comisión al concluir que España debía recuperar las ayudas declaradas ilegales por Bruselas cinco años antes.

En concreto, en 2001, el ejecutivo de la UE determinó en varias decisiones distintas que los créditos fiscales del 45% de las inversiones y las exenciones a empresas de reciente creación (las conocidas como "minivacaciones") eran ayudas de Estado incompatibles con la legislación comunitaria.

Casi siete años después y tras un requerimiento formal de información, el Gobierno español "aún no ha presentado pruebas claras que permitan a la Comisión determinar si se ha reembolsado la totalidad de las subvenciones ilegales", recalcó la CE.

La disputa entre Madrid y Bruselas por la fiscalidad vasca se remonta a 1999, cuando la Comisión abrió varios procedimientos por los sistemas de ayudas fiscales vigentes en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya para impulsar el establecimiento de empresas en la región.

La Justicia europea ya ha dictaminado varias veces que las ayudas son ilegales y que las empresas beneficiadas deben devolverlas.

La corte con sede en Luxemburgo tiene también pendiente una sentencia en la que debe pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la capacidad de las administraciones vascas de aplicar una fiscalidad diferenciadas.

A la vista de un fallo sobre el régimen tributario de las islas Azores, los jueces tendrán que determinar si las Haciendas forales vascas cumplen los requisitos para adoptar decisiones como rebajar los tipos impositivos y aprobar deducciones adicionales, sin necesidad del visto bueno de Bruselas.