Bruselas aboga por reducir impuestos sobre el empleo y elevar los del consumo

  • La Comisión Europea recomienda a los Veintisiete que revisen su estructura fiscal para promover la creación de puestos de trabajo y elevar su sotenibilidad presupuestaria

La Comisión Europea recomendó hoy a los Estados miembros de la UE una revisión de su estructura fiscal, reduciendo la carga impositiva sobre el empleo y aumentando los gravámenes sobre el consumo, como el IVA, para impulsar la creación de puestos de trabajo y el crecimiento.

Ésta es una de las ideas que plantea el Ejecutivo comunitario en su informe anual sobre las finanzas públicas en la UE, que destaca la importancia de mejorar la calidad del gasto, para contar con más recursos para reducir la deuda, bajar los impuestos y aumentar la inversión. Todo ello contribuiría, además, a elevar la sostenibilidad presupuestaria en la UE, en un contexto de creciente envejecimiento de la población.

Desde el punto de vista de los ingresos, Bruselas hace hincapié en que los países deben dotarse de una sistema impositivo más sencillo y transparente, al reducir al mínimo los regímenes especiales y las exenciones. Recalca, en cualquier caso, que los gobiernos deben actuar en este ámbito de manera coordinada, pues el efecto de trasladar la carga fiscal del empleo al consumo tendrá un efecto limitado si la medida la adopta unilateralmente un Estado miembro.

En lo que se refiere a la política de gasto, la Comisión aconseja a los Estados miembros una evaluación más estrecha de sus resultados, con revisiones periódicas centradas en la eficiencia. Se muestra partidaria de establecer un vínculo más claro entre las prioridades políticas de las autoridades y la distribución del gasto, pero sobre todo entre los recursos disponibles y los resultados.

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, admitió en un comunicado que la situación presupuestaria en la UE y la zona euro ha mejorado en los últimos años, pero recalcó que "hay margen para mejorar la calidad de las finanzas públicas". Almunia recordó que, en este momento, sólo dos países de los Veintisiete, Hungría y Polonia, tienen abierto un procedimiento por déficit excesivo -al superar el umbral del 3% del PIB que marca el Pacto de Estabilidad-, frente a doce hace poco más de un año.

El informe evalúa la situación concreta de los diferentes Estados miembros y, en el caso de España, advierte de que tendrá que hacer un "esfuerzo de ajuste significativo", si quiere mantener en 2009 el equilibrio en sus cuentas públicas y la coyuntura continúa deteriorándose. Para Bruselas, el objetivo de alcanzar un superávit del 1,2% del PIB en 2008 "ya no parece alcanzable", si se tienen en cuenta los aumentos del gasto asociados a medidas discrecionales, como la devolución de 400 euros a todos los trabajadores y pensionistas. La Comisión vaticina que el saldo positivo puede reducirse al 0,6% del PIB.

El capítulo dedicado a España también analiza el impacto sobre las finanzas públicas de la inmigración, un factor "de suma importancia a la hora de mantener el alto potencial de crecimiento" durante esta década. "Sin este choque demográfico, España habría sido mucho menos resistente a la desaceleración económica mundial en 2001", afirma el estudio. En 2008 y 2009 está previsto que los inmigrantes "todavía contribuyan ampliamente al crecimiento del PIB" español.

Según los cálculos de la Comisión, los inmigrantes contribuyeron al 0,6% del PIB en 2007, cantidad que representa un cuarto del superávit general del presupuesto del Gobierno central. "Este resultado positivo puede explicarse por las contribuciones de los inmigrantes a la Seguridad Social, muy por encima de los beneficios concedidos", de acuerdo con el informe.

En 2008, sobre la base de las previsiones de primavera de la CE, la contribución de los trabajadores extranjeros a la balanza fiscal se reducirá al 0,4% del PIB. En 2009, el equilibrio presupuestario sólo podrá alcanzarse si se incluye la contribución positiva de los inmigrantes, dado que la aportación al presupuesto de los ciudadanos españoles "podría entrar en números rojos", advierte la Comisión.

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