Bruselas quiere romper el acuerdo de pesca con Mauritania

  • En los caladeros del país africano faenan alrededor de 60 buques españoles

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La Comisión Europea podría dejar en suspenso el acuerdo de pesca entre los Veintisiete y Mauritania, decisión que tendría un impacto directo en la industria pesquera española. Así lo advirtió ayer el portavoz del Ejecutivo comunitario, Martin Seylmar, que anticipó que el comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, propondrá esta medida hasta lograr "una solución aceptable" al reciente golpe de Estado.

La medida supondría la interrupción de la cooperación pesquera entre Mauritania y la Unión Europea y cerraría un caladero en el que trabajan habitualmente 60 buques españoles. De momento, la amenaza de Bruselas sólo afectaría a la pesca, pero el portavoz del Ejecutivo Comunitario ya anticipó ayer que, en caso de que las consultas bilaterales no contenten a la Comisión, "podría incluir una suspensión parcial o total de la cooperación bilateral".

El comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria manifestó su decepción por la situación que aún hoy perdura, y reclamó la "rápida vuelta al orden constitucional" previo y la liberación del presidente, Sidi Mohamen Ould Cheiij Abdallahi, arrestado por los militares.

En consecuencia, se revisará el artículo 96 de los Acuerdos de Cotonou. Dicho punto permite revisar los acuerdos de cooperación bilateral "en caso de violación de los elementos esenciales relativos a los principios democráticos del mismo acuerdo por una de las dos partes", incluido el respeto a los Derechos Humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho. De hecho, el portavoz aclaró que pedirán que las actuales actividades de cooperación sean congeladas, "excepto todas aquellas limitadas a ayuda humanitaria o directamente beneficiosas para la población". Así, la Comisión presentará a los Veintisiete un informe que formula "en detalle" su propuesta.

Hay que recordar también que, mediante dicho acuerdo, la UE compensa económicamente a Mauritania con 86 millones de euros al año, y que no tenía prevista su conclusión hasta 2012, "salvo que alguna de las partes lo denuncie".

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