La teoría defendida por la empresa Cortega sobre una presunta vinculación de Coto San José II-A, ya desarrollado, y II-B, pendiente aún de aprobación definitiva, cobra cada vez más fuerza, lo que podría conllevar, en caso de confirmarse, nuevas complicaciones para la Gerencia Municipal de Urbanismo, que sigue sin poder otorgar la licencia definitiva de primera ocupación de cientos de apartamentos ya finalizados desde hace meses.

Cortega, una de las empresas poseedoras de los derechos de embargo de la parcela aceptada en su día por el Ayuntamiento como libre de cargas pese a figurar hasta con seis anotaciones en el Registro de la Propiedad, basa su argumentación en un informe elaborado en 2002 por el urbanista Manuel Ángel González Fustegueras, actual responsable de la Oficina Integral de Regularización para las viviendas situadas en las Áreas de Gestión Básica.

El citado informe, según el documento al que ha tenido acceso este Diario, fue encargado por el entonces delegado de Urbanismo, Juan Luis Belizón, según figura en el primero de los párrafos.

El informe en cuestión, fechado el 24 de enero de 2002, cuando aún era un único sector, destaca que los terrenos de Coto San José eran los únicos suelos aptos para urbanizar que quedaban entonces en la franja del litoral de la ciudad, y que a pesar de los numerosos intentos de desarrollo no se habían concluido con éxito en ninguna fase.

Fustegueras justificaba entonces la suscripción a la vez de los dos convenios porque eran dos propietarios diferentes, siendo ésta, a su entender, la única manera de garantizar el completo desarrollo del entonces único Sector 16.

En este sentido, Cortega destaca que "la cuestión tiene su importancia porque la vulneración del Convenio del Coto San José II B arrastra tras de sí la del Coto San José II A", una teoría que había venido manteniendo desde que iniciara la batalla legal y que ahora puede traer consecuencias para los actuales rectores, a pesar de que la problemática se generó durante la etapa socialista.

De esta forma, y de confirmarse judicialmente este extremo, la presunta vulneración del convenio afectaría no sólo a Coto San José II-B, cuya Plan Parcial no ha podido ser aprobado por el momento precisamente por este motivo, sino también a Coto San José II-A, donde el presunto delito afectaría a centenares de viviendas ya construidas.

El hecho de que el Plan Parcial de Coto San José II-A esté ya desarrollado no pone en peligro el futuro de estas viviendas, aunque sí podría conllevar un importante retraso en su entrega a los propietarios, ya que las mismas carecen de la preceptiva licencia de primera ocupación. Asimismo, obligaría a los promotores de la iniciativa a abonar una importante indemnización, que curiosamente beneficiaría al Ayuntamiento.