La concejala del PP, Ascensión Hita, ha llevado a cabo una valoración pública de los informes económicos que van hoy al Pleno municipal, unos datos que, según Hita, "marcan una desvergüenza total del Gobierno municipal, sobre dos medidas que tenían que tomar de manera urgente, y de las que no han hecho nada, es decir, dos motivos más para que el delegado de Hacienda, Joaquín Guerrero Bey, se marche definitivamente a su casa".

El primero de los informes se refiere a la morosidad. Así, según explica la concejala del PP, el informe del interventor municipal dice que "PSOE y Ganemos pagan hasta en más de 140 días a las empresas que trabajan para el Ayuntamiento, mientras que nosotros, cuando dejamos el gobierno en junio de 2015, pagábamos en 25 días. Es decir, en dos años del gobierno del PSOE, ha pasado a multiplicar el periodo de pago a empresas proveedoras en más de cinco veces".

Núñez insiste en que la regularización no se iniciará antes del verano de 2018

Hita destaca que "con el PP en la Alcaldía, bajando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) un 30%, pagábamos en 25 días, y ellos, subiendo un 20% el IBI, un cuatro por ciento la tasa municipal de basura y el agua, pagan cinco veces más tarde".

Por otro lado, Ascensión Hita aborda también el hecho de que "el gobierno encabezado por el PSOE lleve a Pleno el primer informe de seguimiento del plan de reducción de deuda 2015-2020, donde en las conclusiones se dice de manera contundente, y lo dice el interventor municipal, que en el ejercicio 2016 no se cumplieron las medidas previstas en materia de ingresos y gastos".

Tal hecho lleva al Partido Popular a manifestar que "el delegado de Hacienda, Joaquín Guerrero Bey, no ha hecho absolutamente nada, y a mí se me caería la cara de vergüenza, y todo porque habían basado su plan en dos grandes mentiras, tales como la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con el cobro de tasas e impuestos urbanísticos, y el proceso de municipalización, que no se ha hecho tampoco".

En esta línea, la que fuera delegada de Hacienda en el anterior periodo corporativo apunta que "podrán decir que se ha reducido la deuda pagando los préstamos como hay que hacer obligatoriamente, pero es de destacar que no se han cumplido las medidas anunciadas, por lo que Guerrero Bey tiene que irse a su casa, porque le queda grande la Delegación de Hacienda, desde donde únicamente ha sabido subir el IBI, la tasa municipal de basura y el agua, todo para seguir malgastando y despilfarrando a costa del pueblo de Chiclana".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, Andrés Núñez, realizó diversas valoraciones en relación con el proceso de regularización. En este sentido, Núñez manifestó que "mañana jueves (por hoy) no va a pleno el levantamiento de las suspensiones que pesan sobre el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) como dice el PSOE, sino que Chiclana hoy día no cuenta con Plan General, porque la Junta de Andalucía, a finales de 2016, dijo que dos terceras partes del PGOU están mal hechas y no se pueden aprobar. Por lo que en el Pleno debemos hacer un examen de recuperación tras suspender. Después, el acuerdo plenario tendrá que someterse a un mes de exposición pública, a un periodo de alegaciones y esperar a que éstas se resuelvan, para que el documento vuelva a pasar de nuevo por el Pleno y sea elevado otra vez a la Junta de Andalucía, que dirá entonces si hemos aprobado o no".

Andrés Núñez denuncia además que "lo más fuerte, y es algo que roza la desvergüenza absoluta, es que el delgado de Medio Ambiente, Joaquín Páez, salga este martes diciendo que ya lo tiene listo todo para dar agua a los ciudadanos, porque hay que insistir en que ni está listo el PGOU, ni la ordenanza, ni nada de nada".

En esta línea, el concejal del Partido Popular expone que "incluso en el hipotético caso de que superemos el trámite y la Junta apruebe el PGOU totalmente, luego habrá que hacer la ordenanza de regularización, con su correspondiente exposición pública, su periodo de alegaciones, con lo que nos vamos al verano de 2018".

Asimismo, Núñez manifiesta que "será entonces, cuando haya que optar por dos fórmulas para acometer la regularización, que son las que ha decidido José María Román, y que pasan por regularizar a iniciativa propia de los vecinos en conjunto, y serán ellos los que tendrán que contratar a una constructora para la urbanización, o, por otra parte, que sea el Ayuntamiento, que obligará a pagar en siete años sí o sí, pues si no se paga se embarga, el que ejecute la obra. Y hay que recordar que lo que tendrán que pagar los propietarios son unos 40.000 euros de media en la Rana Verde, único lugar donde en principio puede llevarse a cabo esta acción, porque es la única zona que tiene sistemas generales".