El Ayuntamiento está agotando más rápidamente de lo previsto la partida que tiene destinada a ayudas sociales, especialmente la relacionada con la vivienda. En los primeros tres meses del año se ha incrementado en, aproximadamente, un 30% el dinero que se aporta para el pago de los recibos de la luz y el agua a familias que no tienen capacidad económica para afrontar el coste de estos servicios. Este aumento respecto a 2013 es similar al que se está produciendo en las ayudas centradas en los alquileres de las viviendas y en el abono de las hipotecas, que también asume el Ayuntamiento.

El área de Servicios Sociales cuenta con una partida de 1,5 millones de euros para los alquileres y de 600.000 euros en lo que respecta a abonos de recibos. Ambas cantidades se sacan de una bolsa igualmente millonaria de la que dispone esta delegación dedicada a ayudas sociales y donde la vivienda tiene un papel prioritario. Es de suponer que a este ritmo de gastos ambas cantidades se agotarán a medio plazo y siempre antes de que concluya el ejercicio por lo que será necesario utilizar dinero de otros servicios de ayuda. Hay que tener en cuenta que el presupuesto que se maneja actualmente en el Ayuntamiento es el mismo de 2013, que se encuentra prorrogado ya que aún no se han aprobado las cuentas de 2014. El gobierno municipal ya anunció en su momento que Servicios Sociales no solo no verá recortado sus ingresos, dentro del plan de contención de gastos, sino que éstos se incrementarán en la medida que han aumentado las necesidades de las familias gaditanas.

Con este dinero se atiende a una media de unas 170 familias, según los datos aportados ayer por la teniente de alcalde de Familia, Mercedes Colombo, que trasladó esta información acompañada de los ediles Juan José Ortiz y Pablo Román en un encuentro mantenido con los medios de comunicación. No hay una familia media en cuanto a las ayudas recibidas, pues éstas cambian según sus necesidades.

Lo esencial de estas cifras sin duda crecerán en los próximos meses una vez comience a funcionar la nueva modalidad de ayudas que aprobó hace apenas unas semanas el gobierno municipal. Ahora, el Ayuntamiento se convertirá en avalista de aquellos inquilinos en situación de riesgo de perder sus contratos al no tener la propiedad garantizado el cobro de los alquileres. El municipio será el que ingresará estas cantidades entre el 1 y 5 de cada mes. Por lo pronto ya hay inquilinos y propietarios que han trasladado al Ayuntamiento su interés por asumir esta modalidad de relación entre tres partes.

Mercedes Colombo, que afirmó que hay pocos ayuntamientos en España que dediquen tal cantidad de dinero a este servicio, destacó también que las ayudas municipales están evitando un incremento en el número de desahucios que se producen en la ciudad o, por lo menos, en el número de los que ellos tienen noticia a través de los Servicios Sociales. Calcula que cada mes este área atiende a siete u ocho casos. "Es una cifra que no ha variado tanto como se supone por la crisis económica, ya que lo hemos parado con las medias que hemos adoptado", destacando especialmente la de ayudar al pago de las hipotecas antes de que se produzca el impago de las mismas y acabe en un desahucio.

Por su parte, Juan José Ortiz resaltó el funcionamiento del Servicio Integral de Asesoramiento Municipal al Inquilino, que desde su puesta en marcha en el 2006 ha atendido a 1.514 personas, a lo que se une la Oficina de Intermediación Hipotecaria creada a su vez por la Diputación Provincial.

Toda esta política asistencial debería de estar en manos exclusivas de la administración regional, pero viene siendo asumida por el Ayuntamiento. La duda es qué va a pasar cuando la Ley de Reforma de la Administración Local esté plenamente en marcha pues la nueva norma, aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, recorta de forma notable las posibilidades de actuación de los municipios en favor de los gobiernos autónomos. En este sentido, la teniente de alcalde de Familia dejó claro que por lo que respecta al Ayuntamiento de Cádiz éste seguirá gestionando todo lo relacionado con los servicios sociales y la vivienda. "Se habla de servicios sociales básicos (que podrán estar controlado por los municipios); pues aunque no sea una competencia nuestra, para nosotros la vivienda seguirá siendo un servicio social básico".